Andina, 4 de agosto, 2011.- La Defensoría del Pueblo pidió al Congreso aprobar la ley de consulta previa, porque es uno de los mecanismos para “institucionalizar el diálogo” entre los pueblos indígenas y el Estado, y servirá para prevenir varios conflictos sociales.
El adjunto de la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Iván Lanegra, resaltó que dar prioridad a la aprobación de esta norma es una “responsabilidad” del Poder Legislativo.
“La aprobación de la ley de consulta previa debe ser una prioridad del Congreso que inicia sus funciones. Corresponde al Poder Ejecutivo promoverla, pero la responsabilidad es del Congreso”, declaró a la Agencia Andina.
Sostuvo que aprobar esa norma será una de las vías para alcanzar la reconciliación de los pueblos indígenas con el Estado, a través del diálogo intercultural.
La ausencia de un mecanismo de consulta, entre otros aspectos, ha desencadenado diversos conflictos sociales en el país que, según la Defensoría del Pueblo, llegaron a 217 en junio pasado, de los cuales 118 tienen relación con el tema ambiental.
“La consulta inicia un camino que debe ser de diálogo intercultural y de reconciliación. La consulta de los pueblos indígenas es uno los mecanismos de diálogo que debe institucionalizarse”, afirmó.
El funcionario también destacó que esta iniciativa permitirá generar las condiciones para el cambio de políticas en materia de salud, educación, cultural y ambiental, entre otras, “que crearán condiciones para un clima de paz y diálogo permanente”.
Señaló que la consulta es un medio para lograr algo más importante que la inclusión, que es el reconocer un plano de igualdad entre las diversas culturas del país y el Estado.
Explicó que el proceso de inclusión e igualdad “no es una tarea sencilla”, aunque resaltó que la aprobación de la ley de consulta previa es un paso importante en este propósito.
Finalmente precisó que la consulta previa no es un referéndum, un proceso electoral, ni sólo un sistema de información.
Es el momento en que los pueblos indígenas y el Estado “se sientan a la mesa a buscar acuerdos y a diseñar una determinada política del Estado”, anotó.
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