Indígenas mexicanos acosados por Ejército de EU como parte de un plan para privatizar sus tierras

Emma Martínez – Telesur / Desinformémonos

Las comunidades indígenas mexicanas han padecido acoso desde hace muchas décadas, pero desde poco antes del 2005 están siendo acosadas por el Ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas.

Los gobiernos e inversionistas nacionales e internacionales están empecinados en mercantilizar la tierra y el territorio de los pueblos originarios. Es por ello que los pueblos están haciendo frente al despojo desde las comunidades indígenas que se resisten a ser cómplices de los proyectos de inversión que favorecen la producción de agrocombustibles, la concesión y explotación de proyectos mineros, las represas, la reactivación de planes de infraestructura del Proyecto Mesoamérica y el impacto de la reforma energética como plataforma para legalizar el saqueo territorial, ya que todo ello traerá como consecuencia la destrucción de la diversidad humana y biológica de los territorios ancestrales, describe el Movimiento Civil Rostros del Despojo.

Afirmando que las políticas gubernamentales de las últimas décadas han mercantilizado los recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas, los cuales forman parte de la negativa histórica por parte del Estado mexicano al reconocimiento pleno de derechos colectivos de los mismo.

Las comunidades indígenas mexicanas han padecido acoso desde hace muchas décadas, pero desde poco antes del 2005 están siendo acosadas por el Ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En aquel año, el Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió 500, 000 dólares, de fondos del Departamento de Defensa, para mapear tierras comunales indígenas en los estados mexicanos de San Luis Potosí y Oaxaca, explica el activista y ecónomo Simón Sedillo.

Por medio de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de los Estados Unidos (FMSO, por su sigla en inglés), los profesores Peter Herlihy y Jerome Dobson construyeron desde aquel año el proyecto “México Indígena”.

El investigador de la FMSO asignado fue el Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, quien expuso que el único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el de la privatización de las tierras comunales pertenecientes a indígenas. Asegurando, “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra”, explica Sedillo.

Demarest aseguró en un ensayo que “la misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos, es decir ejércitos guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos en México”.

El proyecto ‘México Indígena’, se describe como una estrategia político-militar, la cual dio inicio en el momento en que se otorgó al país un paquete de financiamiento militar por parte de los Estados Unidos, conocido como la Iniciativa Mérida. “El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales”, afirma Sedillo.

Demarest, al tomar en sus manos el mapeo de comunidades indígenas, aseguraba que era preciso identificar pueblos y grupos, ya que era ahí donde se situaba la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México, en zonas indígenas donde se exigía autonomía y auto-determinación.

“Los indígenas siempre han estado dispuestos a morir luchando por su tierras, más de lo que cualquier gobierno ha estado dispuesto a matarlos y arrebatárselas. Para las comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y territorio es por lo tanto una reivindicación sumamente urgente de su identidad”, comenta Sedillo.

Hasta 2010, en México poco más de 170 mil personas habían sido desplazadas de sus lugares de origen, colocando al país en el segundo lugar en el número de afectados por la construcción de megaproyectos en Latinoamérica. Hoy las cifras podrían haberse incrementado hasta en un 10 %.

Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, son reconocidas de manera gubernamental como territorios en donde empresas extranjeras mantienen algún tipo de proyecto.

Sobre el tema, el Obispo Raúl Vera López afirma: “la militarización no es una cuestión nada más de América Latina, es una situación que se da a nivel mundial, y puntualmente en México, los hermanos de los pueblos originarios fueron desplazados hacia espacios en donde no contaban con medios de subsistencia, tampoco habían procesos de desarrollo que les permitiera a ellos ser sujetos de su propia historia, pero con esfuerzo y sufrimiento lograron sobrevivir y vivir”.

“Sin embargo, hoy las nuevas tecnologías satelitales han localizado recursos que pueden generar altas sumas de dinero, los cuales existen en territorios indígenas. Esto ha sido el principal detonante de la invasión que padecen quienes vivían en paz en espacios con pocas carreteras, nulos medios de comunicación, con innumerables carencias, pero subsistían, ahora otros han descubierto las zonas de mayor diversidad, donde están los yacimientos de petróleo, los recursos acuíferos, provocando así el desarrollo de libre comercio y la libre competencia que han llevado a los grandes empresarios y a los grandes consorcios de producción industrial, a incursionar en manufacturas que nunca se creyó que fueran de interés para ellos, hasta que descubrieron que se podía obtener grandes ganancias por medio de explotación”, comenta Vera López.

Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “los proyectos de obras públicas a gran escala y las iniciativas de extracción de recursos (denominados megaproyectos) tales como represas, autopistas y minas, se están multiplicando en México. Si bien el gobierno mexicano declara que estos proyectos de desarrollo se llevan a cabo para beneficio de la población, los megaproyectos tienen consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el medioambiente, y suelen beneficiar a los poderosos a costa de las comunidades más empobrecidas, rurales e indígenas”.

El obispo afirma que dichas empresas, a la par del gobierno, han desarrollado estrategias que les permiten obtener beneficios y facilidades para la explotación de los recursos naturales por medio de mecanismos que los han llevado a penetrar las tierras de los indígenas, provocando que nuevamente dichos grupos sean desplazados para dar paso a mega proyectos que van desde los acueductos, oleoductos, hasta gasoductos, sin dejar de contar los corredores industriales.

“Como ejemplo tenemos el corredor industrial que se han querido abrir desde hace años los norteamericanos, vía México-Centroamérica, en un principio por medio del famoso Plan Puebla Panamá (PPP). Otro de los principales motivos por los cuales los indígenas son objeto de agresiones terribles y desplazamientos humanos, es la apropiación ilícita de los mantos acuíferos; extranjeros junto al gobierno despojan a los dueños de esas zonas, dañándolos física y moralmente, al robarles el agua, para uso de las grandes hidroeléctricas”, plantea Vera López.

Los ataques contra los indígenas, en la lucha por explotar cuanto se pueda en sus territorios, según el Obispo Raúl Vera, se han afianzado por medio de un control del territorio a través de las fuerzas militares, quienes han penetrado las zonas para oprimirlos y agredirlos, incluso hasta el homicidio, es por ello que “en las comunidades se están levantando y están tomando la fuerza, defendiendo sus propiedades y su integridad física”.

Y sentencia que, “esa deshumanización en contra de los grupos vulnerables es producto de la ambición que hoy existe, y es desatada por un mercado no controlado que se hace llamar ‘libre mercado’ y que se mueve a la par que la nueva metodología del capital neoliberal, en donde los grandes comerciantes del mundo, a la par de los grandes productores y los grandes consorcios, tienen de rodillas a los políticos, a quienes ya han comprado y corrompido para darles seguridad a sus proyectos”.

Puntualizando que, “dentro de los enemigos de los indígenas se encuentra la industria extractiva. México tiene más de la tercera parte de su territorio ocupado en esta actividad, y ahora con la Reforma Energética los extranjeros que extraigan metales también van a absorber lo que encuentren a su paso. No solamente afectando a los dueños legítimos de las tierras, sino también contribuyendo al cambio climático y al famoso calentamiento global por medio de una sobreexplotación de la tierra”.

El sociólogo Jorge Mercado Mondragón sentencia que “la ausencia de un mecanismo para cuantificar de manera objetiva el número de desplazados es, sin duda, uno de los retos más significativos en México para poder visualizar dicha problemática, y se suma el no reconocimiento explícito por parte del Estado mexicano de la existencia de un número importante de desplazados en el territorio nacional”.

“El Estado mexicano debería poner atención a esa situación antes de que se convierta en una crisis humanitaria de alcances inusitados, como aparece apuntar, donde pareciera que el dinero es más importante”, afirma.

“El gobierno mexicano es responsable de las violaciones a derechos humanos de indígenas, pero también lo son las empresas canadienses, americanas y europeas que invierten proyectos en México, son cómplices, aprovechando la disposición del gobierno mexicano a pasar por alto los problemas ocasionados por sus representantes, implementan en el país prácticas perjudiciales que serían inaceptables en sus países de origen. Algunos empleados de estas compañías han estado implicados en agresiones físicas e intentos de asesinato dirigidos contra indígenas y activistas sociales y ambientales… pero la justicia no llegó”, asegura el Centro PRODH.