Las mujeres están en la primera línea de la defensa de territorios, derechos humanos y equidad, lo que las convierte en los blancos preferidos de los grupos económicos y políticos que operan en las sombras del poder
Laura Carlsen* – Desinformémonos
Pese a los esfuerzos por comercializarlo, el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es el día en que reconocemos los movimientos de las mujeres que buscan la equidad de género. Se remonta a los inicios del siglo XX, a los movimientos de las trabajadoras estadunidenses por trato justo en los talleres de costura. No es coincidencia que los Estados Unidos sea uno de los pocos países que no reconoce la fecha, emanada de su propia historia, pero del lado que es reprimido.
La abogada feminista Alda Facio apunta que la equidad es un derecho humano. Señala que eso no quiere decir ser exactamente iguales, sino que implica eliminar todas las formas de discriminación y, sobre todo, el sistema patriarcal por el que los hombres ejercen control sobre las mujeres –su trabajo, su sexualidad y reproducción, incluso su movilidad y sus posibilidades de desarrollo humano. La equidad de género conlleva obligaciones legales específicas para el Estado. Después de más de un siglo de presión en busca de la igualdad, la mayor parte de los gobiernos no cumplen con estas obligaciones.
El 8 de Marzo, las naciones del hemisferio occidental celebraron el día con foros, presentaciones y eventos culturales, además de miles de mensajes de Facebook, que van de lo puramente social a lo abiertamente político. Es una práctica común que en este día se evalúe dónde estamos y hasta dónde hemos llegado en el movimiento que busca la plena equidad de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Este año, en América la situación empeora, en vez de mejorar.
Hay muchas razones detrás del incremento de la violencia contra las mujeres y la ofensiva contra sus derechos, y varían de lugar a lugar, pero hay tres que destacan.
Mujeres, patriarcado y militares
La primera es la militarización. En México y Centroamérica, miles de tropas y cuerpos especiales de policía son enviados a los vecindarios y comunidades en nombre de la “guerra contra las drogas”. Hay zonas enteras ocupadas en México, Guatemala y Honduras, particularmente.
El militarismo es una expresión clásica del sistema patriarcal. Nos despoja de nuestros derechos y de nuestros medios en el nombre del miedo, alegando la necesidad de protección para los más débiles, entre ellos las mujeres. Es antidemocrático e imponen u sistema de jerarquías, secrecía y control social. Niega o suspende los valores colectivos relacionados con los derechos humanos, la cooperación y las relaciones armoniosas en la sociedad y con la naturaleza.
Aunque los gobiernos de Latinoamérica gastan millones de dólares de sus presupuestos en “seguridad nacional” –junto con los paquetes estadunidenses de ayuda que refuerzan la militarización a través de la Iniciativa Mérida, las iniciativas regionales centroamericanas de seguridad, el Plan Colombia y otros- la estrategia de incrementar las medidas represivas de fuerza para atacar al crimen organizado invariablemente causa mayor violencia.
Por ejemplo, en Ciudad Juárez, ubicada en la frontera México-Estados Unidos y donde por primera vez se identificó el fenómeno sistemático de los feminicidios a principios de los noventas, el número de asesinatos feminicidas se incrementó en diez veces después de la llegada de las fuerzas armadas para supuestamente luchar contra el crimen organizado. En Honduras, los feminicidios se elevaron en un 62 por ciento después del golpe de Estado; la violencia contra las mujeres sigue al alza en la que ahora se convirtió en la nación más violenta y una de las más militarizadas de la región.
Al mismo tiempo, las cámaras legislativas aprueban decenas de leyes, y crean nuevos puestos e instituciones especiales para lidiar con la violencia contra las mujeres, especialmente contra la trata con fines de explotación sexual y el feminicidio. Lo que no hacen es resolver los casos, castigar a los perpetradores y detener la violencia. Esta simulación –un interés fingido que falla a la hora de traducirse en voluntad política- es solamente una forma de hablar sobre el problema sin terminar con él.
Dada la fuerte correlación entre la militarización y la violencia contra las mujeres, es claro que las fuerzas de seguridad gubernamentales en nuestros países no solamente son incapaces de proteger a las mujeres, sino que representan una amenaza a la seguridad e integridad física de las mujeres. Los reportes de violaciones y abusos a manos de los “protectores” son demasiado comunes.
Depredación capitalista y defensa del territorio
La segunda razón para el incremento de la violencia contra las mujeres es la presente etapa del capitalismo depredador. Está desatada una feroz batalla por los recursos finitos que existen en la tierra. Con las empresas más grandes y poderosas a nivel mundial batallando para asegurarse el acceso y la propiedad sobre todo –desde los ríos hasta los bancos genéticos-, las mujeres se convirtieron en las principales defensoras de los derechos de las comunidades y la conservación del planeta. Esto las pone en peligro.
Las indígenas y campesinas, especialmente, se volvieron blanco de los ataques de las empresas y los gobiernos, ante su resistencia a la privatización y los proyectos de saqueo disfrazados de desarrollo. En comunidades indígenas de Chiapas, Petén y el Aguán, las protestas de indígenas contra la apropiación de recursos a menudo son reprimidas por fuerza militares que aparentemente combaten al crimen organizado.
Las mujeres que trabajan para detener a las mineras, los megaproyectos, las represas y otras invasiones a sus tierras y sus derechos están en conflicto con adversarios poderosos y brutales. Las compañías de seguridad privada contratadas por intereses económicos, las fuerzas de seguridad gubernamentales y los cuerpos paramilitares frecuentemente persiguen a la gente que defiende sus tierras y comunidades, y a menudo las mujeres están al frente de las líneas de batalla.
Poderes en la oscuridad
La tercera razón por la que las mujeres son violentadas es el contragolpe. Cuando las defensoras de derechos humanos se plantan frente a los agresores, se convierten en enemigas de nuestros peores enemigos. Su rol activo como defensoras –que buscan la justicia y la verdad en los casos de asesinatos y desapariciones, que demandan claridad donde fuerzas poderosas dependen de la oscuridad, y que exigen responsabilidades de funcionarios gubernamentales con lealtades criminales- hace que los poderes en las sombras y los oscuros poderes institucionales las desprecien. Por cada paso adelante en la defensa de nuestros derechos, son empujadas un paso más cerca del peligro.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos presentó un análisis de los ataques contra defensoras en 2012. En la región, 38 de ellas fueron asesinadas. El grupo que recibió mayores ataques es el de quienes defienden tierras, territorios y recursos.
La segunda categoría corresponde a las mujeres que defienden el derecho a vivir libres de violencia. Le sigue la defensa de derechos sexuales y reproductivos, la participación política, la libertad de expresión y los derechos laborales. En cada categoría la lucha va contra poderosos intereses políticos que se vuelven letales cuando son provocados o retados.
En la mayoría de los ataques registrados, el agresor fue presuntamente el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Muchos de los casos ni siquiera van a juicio.
El 8 de Marzo es un día para renovar nuestro compromiso con la lucha de las mujeres por vidas libres de violencia y discriminación, en los hogares, las calles y los pasillos del poder. Es injusto dejarles el trabajo y el riesgo a unas cuantas; si más de nosotros las apoyamos –y aún más importante, si nos unimos a ellas-, reduciremos los riesgos para cualquier mujer e incrementaremos la probabilidades de forjar un camino nuevo para nuestra sociedad y nuestro planeta, tan enfermos hoy.
*Traducción: Adazahira Chávez
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