Wichís procesados en Formosa por reclamar justicia

Nadie procesa a los ciudadanos que se sirven de sus territorios para discriminarlos, violarlos, matarlos. Pero en el caso en que a los Wichí se les ocurra reclamar por su derecho y justicia, por los crímenes que padecen, el Estado, sus gobernantes y poderes sí los contemplan para procesarlos y ajusticiarlos por no soportar en forma silenciosa y pasiva el plan sistemático de exterminio indígena que continúa vigente desde los inicios del Estado, con la crueldad del daño acumulado y la gravedad de que los hechos en torno constituyen crímenes a la vista de todos, de organismos de DDHH nacionales e internacionales, Defensorías, todo tipo de instituciones y ONG’s, más la población civil, profesionales, funcionarios, representantes de todos los poderes del estado, todos, sin que una sola de las causas judiciales en torno a la cuestión sea para los responsables, y todas contra las víctimas. Declamaciones aparte los resultados están a la vista.

Víctor Segundo era un jóven indocumentado Wichí, nieto de la autoridad de su Pueblo, Bonifacio Gonzáles y tío del referente Wichí Agustín Santillán (por demás identidad tenía el chico de 16 años, pero el estado nunca le dió DNI) que el 22 de junio de 2013 tuvo la mala idea de sentarse en el cordón de la vereda de un comercio propiedad del criollo Ignacio Franco, que no quiere que los indígenas ensucien su vereda sentandose ahí, si bien prefiere ensuciarse por sí mismo violando mujeres Wichi hasta matarlas y amenazandolas pero en otros lugares como el descampado de la vía de Ingeniero Juárez, donde un tiempo antes una de las mujeres atacadas también falleció. Como Víctor Segundo que fue golpeado por Franco hasta desfigurarlo, romperle el cráneo y dejarlo listo para que más tarde lo trasladaran al Hospital Central de Formosa, donde murió y desde donde fue devuelto a su familia como vuelven de los Hospitales de Formosa los indígenas indocumentados: vaciados de sus órganos, cocido como un matambre.

Mientras Víctor moría y era vaciado en el Hospital, la policía de Ingeniero Juárez culpó del ataque a otro joven Wichí, Gonzalo Herrera, que era explotado por Franco en su comercio; y lo detuvo. Ante tal injusticia las diferentes comunidades del mismo pueblo Wichí de la zona se movilizaron a reclamar Justicia, la liberación del inocente y la detención del culpable. Tras cortes de ruta, movilizaciones, una pueblada, y muchos esfuerzos solidarios por difundir por todo el mundo el horror sobre horror que estaban pasando los hermanos Wichí en Juárez Franco fue detenido y Herrera liberado.

Una vez silenciado el caso, sin que sea atendido como todos los casos testigo de la misma injusticia en torno al exterminio indígena en todas sus formas por organismo ni institución alguna, la inJusticia formoseña liberó al protegido del Intendente de Juárez, Cristino Mendoza, uno que sí está procesado por algunas de tantas injusticias que comete contra los indígenas pero que aún así sigue en funciones y agrandando su prontuario impune.

A la vez que Franco fue liberado se activaron causas infames contra las víctimas, contra quienes se movilizaron a reclamar justicia, una forma habitual de amedrentar a quienes reclaman bajo amenaza de peores injusticias. Gente inexistente para el Estado a la hora del derecho a acceder a justicia cuando se trata de denunciar los horrores que padecen, para tener DNI, agua o cualquier derecho básico y humano, como cuando se trata de sacarles sus recursos y territorio y tenerlos en cuenta para correrlos y exterminarlos porque “lo dificil es combatir las causas culturales” como dice la Presidente al confesar que fue testigo de la quema de ranchos, que no se hace por la salud de la gente ni en Formosa ni en Santiago del Estero, sino para correrlos y expropiarlos de sus territorios. El chagas sin cura ni atención, bien posible y negada, es una estrategia del exterminio del que se sirve para imponer su inteligencia de que al que no se someta a ser parte de un contingente trasladable para sacarle los recursos de su tierra, de todos modos se van a morir o espantar así sea bajo judicialización por lo que le venga más a mano a sus agentes en la provincia de su secuaz fiel Insfrán.

En este caso también las causas culturales de la dignidad de pretender sobrevivir para mantener una cultura boba para la inteligencia de mafiosos multimillonarios, sabia para la vida con la tierra, con lo que la hace posible, se combaten por parte del Estado y todos sus poderes en conjunto sean del partido que sean en la corporación mafiosa llamada política, que lo siguen dejando pasar cuanto menos y así se hacen parte, con causas procesales, ya que están.

Y quienes reclamaron justicia por un protegido de un delincuente pero Intendente, protegido a su vez de otro mayor pero Gobernador, protegido de la mas inteligente… la Presidente (por eso debe ser su debilidad por rodearse de una banda de servicios de la misma). Quienes reclamaron justicia, por ser Wichís, y atreverse a escaparse del virtual campo de concentración cuando no es que hay elección y se vuelve concreto, ahora están procesados por robo, coacción , amenazas, incendio.

Con el hostigamiento del asesino suelto no era bastante represalia, los Wichís por decenas están citados a un lugar que no tienen ni como llegar a partir del 5 de marzo a presentarse, bajo amenaza de tener que pagar dos mil quinientos pesos cada uno si no lo hacen. Lo cual se instrumenta como represalia habitualmente cuando los quieren perseguir y en el caso de que tengan algún trabajo y sueldo o beneficio social, si no se los sacan directamente por desacatados a la disciplina de votar y morir lenta y silenciosamente, se los embargan.

Tienen un abogado en esta causa los Wichí, un buen abogado que padeció por si mismo ir preso por defenderlos en otro momento, Daniel Cabrera, todos los que se dicen defender los DDHH, Indígenas, Instituciones y toda la población civil debemos respaldarlo junto a sus representados, siquiera ayudando a difundir, escribiendo cartas a los responsables para reclamar o lo que veamos que podamos. Por supuesto hacer notas de prensa para dar visibilidad al caso, y decir BASTA. Basta de exterminio indígena, juicio y castigo a los responsables, no a las víctimas que lo denuncian y reclaman justicia.

Rita Venturino para Aymuray Colectivo en Defensa del Territorio – Movimiento Popular La Dignidad.
Contacto para notas y difusión Agustín Santillán 03711 15403138
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Enviada para Combate Racismo Ambiental por Diane Porto.