Más de 40 instituciones y personalidades de la sociedad civil peruana e internacional envian cartas al jefe de Estado y al relator de las Naciones Unidas
Servindi – La inminente amenaza a la vida, integridad y derechos fundamentales de poblaciones de una reserva territorial fue rechazada por una coalición de instituciones y personalidades del Perú y el extranjero.
Los firmantes pidieron al presidente Ollanta Humala y al Relator de Naciones Unidas James Anaya implementar con urgencia mecanismos de protección para las poblaciones vulnerables que habitan en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahu Nanti y otros (RTKNN).
El pedido se efectuó ante la amenaza inminente sobre dichas poblaciones luego que el ministerio de Energía y Minas aprobara el estudio de impacto ambiental (EIA) que amplía las actividades del proyecto gasífero Camisea sobre la reserva.
El 30 de enero la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) alertó sobre la amenaza de exterminio que representa la ampliación de actividades para los “pueblos autónomos”, como denomina a los pueblos en aislamiento y en contacto inicial (PIACI) que habitan la reserva.
En la carta al presidente Humala se señala que si bien “la soberanía energética del país es un tema de prioridad estratégica, sin embargo, el desarrollo y progreso ofrecido no puede sostenerse en detrimento de los derechos de peruanos y peruanas como los que habitan la RTKNN”.
La misiva expresa su alarma por que el viceministerio de Interculturalidad dio luz verde al EIA ignorando información actualizada sobre la salud de los pueblos ubicados en el ámbito de influencia de la actividad extractiva.
Advierten que el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) del pueblo Nanti de 2003 ya daba “una serie de alertas, riesgos e impactos del Proyecto para estos pueblos”.
Recuerdan que es deber del Estado peruano “salvaguardar la integridad, vida y derechos fundamentales de todos los peruanos y cumplir con la normatividad vigente e implementar de manera urgente y prioritaria los mecanismos de protección para los pueblos de la reserva.
Sostienen que es de suma necesidad que el Estado peruano “implemente un Plan Integral de Desarrollo y de Mitigación de Impactos en la Cuenca del Urubamba” a fin de afrontar de manera adecuada los retos de gobernanza en el Bajo Urubamba.
Para dicho fin se debe convocar e involucrar las autoridades locales, regionales y nacionales, empresas, organizaciones indígenas locales e instituciones de la sociedad civil.
Exhortación al Relator Especial
La carta al Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya denuncia que el Estado peruano no solo ha incumplido con sus recomendaciones preliminares brindadas al término de su visita oficial en diciembre de 2013 sino que desiste de su obligación de asegurar los derechos de estas poblaciones.
La misiva es suscrita por entidades como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y personalidades como las congresistas Verónika Mendoza y Rosa Mavila, el parlamentario andino Alberto Adrianzén, el ex viceministro de Interculturalidad Paulo Vilca, entre otros.
Ellos recuerdan la necesidad de realizar “estudios exhaustivos que permitan tener una línea de base que señalen criterios adecuados para la protección integral de los Pueblos al interior de la Reserva”.
Tales factores “son determinantes para generar garantías de derechos integrales para la población indígena en aislamiento y contacto inicial, y que el proyecto aprobado pone en alto riesgo”.
Los suscritos solicitan que el Relator se pronuncie sobre el caso y promueva el respeto de sus recomendaciones para así lograr que el Estado peruano cumpla a la brevedad con generar los mecanismos de protección idóneos para dichos pueblos.
Acceda a los documentos referidos con un clic en el siguiente enlace:
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