El avance y la resistencia a los transgénicos en América Latina

soja-transgenica-muerte-391x293Diecisiete años después de la invasión transgénica a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia, los efectos ya se pueden comprobar, “pero no los quieren ver”, alerta el investigador Carlos Alberto Vicente

Adazahira Chávez – Desinformémonos

México. La resistencia al avance de los transgénicos en América Latina vendrá de luchas muy particulares y específicas, y el reto es buscar una articulación que no haga perder identidad, señala el investigador y activista argentino Carlos Alberto Vicente, integrante de GRAIN y Acción por la Biodiversidad.

En el área que comprende los países andinos, Centroamérica y México, se ha frenado el avance de los organismos genéticamente modificados, pero el pulso entre las poblaciones y el poder de empresas como Monsanto continuará, alerta el investigador en su visita a México como dictaminador del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). “La reversión del poder corporativo a nivel global “no se ve a corto plazo, pero este monstruo tiene en sus entrañas el veneno que lo acabará matando: la imposibilidad de un futuro”.

Avance desigual

En América Latina se pueden distinguir dos áreas distintas de avance de los transgénicos, considera Carlos Vicente: el Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia), donde “la primera batalla la ganaron ellos, introduciendo los transgénicos”, y la región conformada por los países andinos, Centroamérica y México, donde hay resistencias más fuertes y se ha frenado el avance de las empresas.

En la “República Unida de la Soya” –como la corporación de semillas Syngenta bautizó al Cono Sur hace más de diez años- el cultivo de transgénicos avanza, informa Vicente: son casi 50 millones de hectáreas de soya transgénica sembrada en 2013, y ganan terreno los maíces Rr y Bt como materia prima industrial.

Al mismo tiempo, pondera el integrante de GRAIN, existen resistencias crecientes que denuncian los efectos que trajeron los transgénicos, y resisten a las fumigaciones, a los avances sobre los territorios, a la deforestación y a los nuevos organismos genéticamente modificados. Estas luchas todavía “no logran revertir el poder que adquirieron las corporaciones”, alerta el investigador.

El año 2012 “fue un año bisagra” que saltó las alarmas de las resistencias sureñas, indica Carlos Vicente, pues llegó el derrocamiento del presidente paraguayo, Fernando Lugo, de la mano de los gremios con intereses por introducir los transgénicos, y en Argentina la presidenta, Cristina Fernández, anunció un pacto con la empresa Monsanto: intentó abrir la mayor planta de procesamiento de maíz transgénico de la transnacional, en el municipio de Córdoba, y trató de cambiar la ley de semillas para asegurar las ganancias del gigante de la biotecnología.

“Fue una vuelta de tuerca de los transgénicos, del avance corporativo y del agronegocio, que nos hizo dar la alarma e intensificar las luchas”, relata. Las organizaciones lograron parar la ley de semillas en Argentina.

“Lo que se hace evidente es que, después de 17 años de introducidos en Argentina y de haber invadido a partir de ahí todo el Cono Sur de manera ilegal, se demuestra el fracaso de los transgénicos: siguen manejando las mismas dos modificaciones genéticas –no han obtenido nada nuevo-; no producen más ni mejores alimentos, y son apenas cuatro semillas en el mundo”, pues el 99 por ciento de los cultivos transgénicos en el mundo son soya, algodón, maíz o canola, todos dirigidos a procesos industriales y no a alimentar a la gente, explica el investigador. Además, incrementaron el uso de agrotóxicos.

“Las promesas que hacen desde hace 20 años con la ingeniería genética no se han cumplido”, señala Vicente. “Tenemos los argumentos de que lo que siempre dijimos: que los transgénicos son un riesgo para la salud y el ambiente, que no son necesarios y que son una amenaza para la agricultura campesina y la producción de alimentos en el mundo. Hoy tenemos datos en firme sobre todo esto”, afirma.

En la otra zona de América Latina (países andinos, Centroamérica y México) hay una fuerte presencia de pueblos originarios, el área es centro de diversidad de varios cultivos, fundamentalmente el maíz, y posee un territorio que en su mayor parte no es apto para el monocultivo industrial extensivo que ocupa grandes superficies y necesita grandes planicies, valora Carlos Vicente, por lo que hay resistencias más fuertes a los transgénicos.

Bolivia y Ecuador, por ejemplo, rechazaron los transgénicos, pero la batalla sigue, pues el presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que modificará la Constitución para permitir la entrada de los organismos genéticamente modificados (OGM), matiza Vicente.

“En México, después de 12 años y un enorme poder político desplegado por Monsanto, aún está frenada la introducción de maíz genéticamente modificado; y en Costa Rica, el 80 por ciento de los cantones se declararon libres de transgénicos”, abunda el investigador. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que buscará promulgar una ley que prohíba los transgénicos, mientras en Colombia sí lograron quebrar la resistencia de los campesinos por las características políticas del país, pero hay zonas indígenas que se declararon libres de ellos, contrasta.

La resistencia en la zona tiene diferentes matices, pero logró hasta el momento detener el avance de las corporaciones, resume Vicente. Y las resistencias se articulan con las experiencias del Cono Sur.

“Más allá de los matices ideológicos de los gobiernos, lo que está de fondo es el poder que tienen las corporaciones para imponer a los transgénicos”, afirma el investigador.

Las devastaciones

Con la entrada de los transgénicos a la Argentina, en 1996, se trazó un camino que ya dejó a las organizaciones lecciones para otros países. Vicente señala que la primera lección es asumir “que no es posible una democracia con un poder corporativo tan fuerte”, como Monsanto y cuatro o cinco empresas manejando el comercio internacional de granos, ejemplifica.

“Podemos hablar de que en estos momentos hay una dictadura de corporaciones”, en la que no se puede diferenciar dónde están los intereses del gobierno y dónde los privados, alerta el entrevistado. “Los funcionarios acaban defendiendo los despojos de tierras, como en Yucatán, y los intereses de las corporaciones, como en Argentina, porque si no, se ven amenazados”, abunda. “Es la lucha del pueblo la que ha frenado los transgénicos, no una decisión política”.

La segunda lección es la devastación ambiental y social. En Argentina, las más de 20 millones de hectáreas de soya transgénica se fumigarán con más de 350 millones de litros de agrotóxicos, en su mayoría glifosatos. “Hay un incremento de los nacimientos con malformaciones, aborto y casos de cáncer en las comunidades, y es dramático y claro que va de la mano con este modelo”, expone el investigador.

“El emblema más claro es la lucha de las madres del barrio de Ituzaingo, en la ciudad de Córdoba, que era una cuña entre plantaciones de soya”, rememora Vicente. Las mujeres detectaron hace más de diez años un aumento en los casos de cáncer, se reunieron, notaron las avionetas fumigadoras pasando sobre sus cabezas, hicieron un mapa del aumento de enfermedades y comenzaron a denunciar. Lograron que se prohibiera fumigar alrededor del barrio; la fumigación siguió, de manera ilegal, y lograron que se condenara por ello al fumigador y a un productor de soya. “Estas mismas madres son las que están a la puerta de la planta de Monsanto en Malvinas Argentina, bloqueando su construcción”, relata.

La tercera lección está relacionada con el desplazamiento de la gente y la producción de alimentos. “Donde se planta soya transgénica, el 99 por ciento se exporta. Donde se producían frutales, hortalizas, productos regionales, se ha dejado de hacer –por ejemplo el algodón en El Chaco, norte de Argentina- para producir monocultivos que desplazan las producciones locales”, describe el investigador. “Tenemos un riesgo tremendo sobre la soberanía alimentaria”.

Carlos Vicente desliza un problema relacionado: el desplazamiento de poblaciones. Donde se dejan de producir alimentos y producciones locales, “la gente ya no tiene lugar y son cientos de personas que al día dejan el campo para ir a vivir a los cinturones de pobreza de las ciudades. El proyecto de Monsanto es tener territorios vacíos donde poder hacer su agricultura industrial. La gente sobra, y si no quiere irse ‘por las buenas’, se recurre a la violencia”. En Brasil, en el último año se reportan más de 36 casos de muerte de campesinos en estos conflictos por la tierra, ilustra.

“Hay una necesidad de las corporaciones de controlar el territorio”, resume el integrante de GRAIN, y como consecuencia, en todos los ámbitos de la alimentación se está produciendo una fuerte concentración, una producción más industrial, más alejada de los medios locales y que fortalece el papel de los intermediarios.

Y después del Apocalipsis

Carlos Vicente, quien es jurado en el Tribunal Permanente de los Pueblos –capítulo México-, puntualiza que otra enseñanza es que la batalla se dará “a través de un montón de luchas puntuales y específicas en algunos temas –como por ejemplo fumigaciones o biodiversidad-, pero lo importante es no perder de vista el horizonte de un poder corporativo que hay que desmantelar”. Para el movimiento argentino Paren de Fumigar, por ejemplo, lo claro es que hay que derrotar a la “República Unida de la Soya”, aunque en este momento estén en la lucha puntual de alejar las fumigaciones, señala.

Actualmente, considera el investigador, “no estamos en condiciones de enfrentar al poder de las corporaciones frontalmente, porque los gobiernos son sus aliados y la fuerza de los movimientos sociales no alcanza”.

“En un momento de gran fragmentación de las luchas a nivel global, el reto es saber cómo construir, sumar y articular desde diferentes luchas”, destaca.

En este proceso, considera el investigador, son sumamente valiosos los procesos como el Tribunal Permanente de los Pueblos –que en México realiza sus preaudiencias temáticas con miras a la resolución final, a mediados de 2014. El tribunal, enumera el investigador, permite la visibilización de lo que ocurre en las comunidades desde la voz de los pueblos, fortalece las resistencias “pues se dan cuenta de que no están aisladas”, es un proceso educativo, sus ejes convergen en una resistencia común contra el libre comercio y la conversión de todo en mercancía, y es además un proceso de articulación más allá de las audiencias, “lo que es la mayor alegría que se puede dar”.

La reversión del poder corporativo a nivel global, reconoce Carlos Alberto Vicente, “no se ve a corto plazo, pero este monstruo tiene en sus entrañas el veneno que lo acabará matando: la imposibilidad de un futuro para este modelo”. Sin embargo, las resistencias de hoy día “son claramente las semillas de lo que vamos a tener que hacer, levantar los restos de este apocalipsis que están provocando”.

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