Servindi, 9 de febrero, 2012.- Con la llegada de una delegación oficial y una serie de acuerdos entre el Gobierno y la población de Velille, el paro decretado en el distrito cusqueño fue suspendido. Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a la violencia policial aplicada para desbloquear la carretera.
De acuerdo a la Vicaría de Sicuani, unos 200 policías con gases lacrimógenos y disparos al aire, dispersaron a las personas que bloqueaban la carretera de acceso al distrito de Velille a 50 kilómetros de Espinar, exigiendo la suspensión de las actividades de la minera Anabi.
Ente los manifestantes había mujeres y niños quienes fueron afectados por los gases incluso al interior de sus casas.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los efectivos procedieron al desalojo de la vía a pesar de que los manifestantes habían decidido retirarse voluntariamente y pese a los intentos del párroco de Sicuani por intentar una solución dialogada.
Igualmente, se informó que algunos policías resultaron heridos y se encuentran en la Comisaría de Velille.
Las acciones de protesta se desataron en la zona por el malestar que generó el incumplimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de representantes del ministerio de Energía y Minas (MEM) de instalar la mesa de diálogo que había sido programada para el 30 de enero.
El bloqueo de la vía se produjo en apoyo a la toma del campamento de la minera Anabi por los comuneros de Llusco, el pasado 5 de febrero en donde fueron incendiados cinco pabellones de la empresa en un confuso incidente .
La población también exige el retiro de los proyectos Crespo y Azuca, actualmente en exploración por la empresa Ares, porque consideran que contaminan dos ríos.
Suspenden paro tras acuerdos
Tras varias horas de negociaciones entre los dirigentes de Llusco y una delegación oficial del Gobierno en el Salón Consistorial de Santo Tomás, capital de Chumbivilcas, los 700 líderes reunidos decidieron paralizar por 30 días la huelga indefinida tras llegar a varios acuerdos.
Entre las medidas pactadas se encuentra la suspensión -mediante resolución ministerial- de las actividades de Anabi y la conformación de un Comité Técnico Ambiental Multisectorial que elaborará un informe sobre los impactos medioambientales del proyecto en el área de influencia correspondiente a los distritos de Quiñota y Llusco.
Asimismo, se acordó la conformación de un “Comité Social” a cargo de entidades de la Presidencia del Consejo de Ministros especializadas en conflictos sociales.
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