Importante agirmos antes de quarta, dia 15, para que o Brasil exerça seu direito de voto contra abusos dos Direitos Humanos pelas transnacionais, em Genebra

Tania Pacheco

O Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, deve aprovar quarta ou quinta-feira uma resolução sobre “Direitos Humanos e Negócios”, que trata principalmente das transnacionais e dos impactos de suas ações. Na semana passada, quando a proposta de resolução formulada por alguns países foi apresentada no Conselho, 28 redes, alianças e movimentos sociais, entre os quais a Plataforma Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, se pronunciaram de imediato. Leram para os representantes no Conselho documento no qual mostram que, se aprovada, a resolução significará a falência no que se refere à legítima proteção dos Direitos Humanos.

A resolução deve ser levada à aprovação do Conselho quarta-feira, dia 15. Para que não entre em vigor automaticamente, é necessário que pelo menos um dos países com direito a voto se pronuncie, solicitando que ela vá a votação.

Dos oito países latinoamericanos que fazem parte do CDH, o Brasil é um dos sete com direito a voto. Pode, pois, evitar a aprovação automática da Resolução e tornar obrigatória a sua rediscussão e reformulação. Lamentavelmente, entretanto, a delegação brasileira não está apresentando a posição crítica que dela esperaríamos, o que nos faz temer a possibilidade de que até mesmo se omita durante a sessão, o que seria inaceitável.

É pois essencial e urgente que nos pronunciemos, não só divulgando esta informação, mas, acima de tudo, enviando cartas, manifestos, abaixo-assinados etc ao Ministério das Relações Exteriores, solicitando que nossa delegação não só exerça seu direito de voto, como articule também o apoio dos países irmãos que estão igualmente omissos. Só assim serão estabelecidas as condições necessárias para que a sociedade civil seja ouvida, e os Direitos Humanos, respeitados. Abaixo, texto da Plataforma Interamericana de Direitos Humanos (em espanhol), com todos os dados sobre a questão.

“Apreciados miembros de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos:

Durante las últimas semanas se ha estado discutiendo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra una resolución sobre el tema de Derechos Humanos y Negocios, principalmente referida al las actividades de las empresas transnacionales y su impacto en los derechos humanos. Esa resolución se refiere principalmente a los Principios Rectores sobre el tema desarrollados por el Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Negocios y Derechos Humanos (RESG), Sr. John Ruggie.

Después de analizarlos, tenemos claro que esos principios son un instrumento insuficiente para la protección efectiva de los derechos humanos de las comunidades afectadas por los abusos de las transnacionales. Algunos sostienen que incluso son un retroceso o que serán otro mecanismo que servirá a las transnacionales para lavar su imagen, como el Pacto Global (Global Compact) e instrumentos voluntarios o de auto-regulación que ya existen.

La semana pasada, cuando los principios rectores fueron presentados ante el Consejo de Derechos Humanos 28 alianzas, redes y movimientos sociales, entre ellos la PIDDH leyeron ante el Consejo una declaración oral que resume la declaración escrita que se encuentra adjunta a este documento, y que básicamente expresa las falencias de ese instrumento para la verdadera protección de los derechos humanos. Este grupo solicitó al Consejo que los principios no se adoptaran (resolución anexa).

Desde la presentación de los Principios Rectores, 5 países patrocinadores de una resolución sobre el tema (Noruega, Rusia, India, Nigeria y Argentina) se han reunido con diversos estados, para discutir la adopción de una resolución que endorsa esos principios y define el mandato del seguimiento del RESG.

Desafortunadamente esa resolución no es aceptable en su contenido (ver comentarios a la resolución incluidos al margen). Ante esta situación diversas organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo trabajo de cabildeo ante las delegaciones nacionales en Ginebra, pidiendo algunos cambios esenciales, entre ellos: 1) que no se endorsen los principios (en el peor de los casos el Consejo sólo debería tomar nota de su existencia), 2) que el nuevo mandato no sólo se refiera a los mencionados principios rectores, sino que el grupo de 5 expertos independientes que remplazará a Ruggie también pueda trabajar con base en otros estándares de derechos humanos que ya existen o que se podrían desarrollar y que pueden ser más adecuados para la protección de los derechos humanos frente a las transnacionales, y 3) Que el Grupo de Trabajo tenga dentro de su mandato avanzar hacia la adopción de un instrumento vinculante que permita hacer responsables a las transnacionales por los abusos de derechos humanos . Aun que desde el primer borrador de resolución se han hecho algunos cambios, estos tres aspectos fundamentales permanecen sin modificación. (Si desean más información vean el último borrador de resolución comentado que se anexa).

El ambiente en Ginebra es bastante pesado y los Estados patrocinadores, así como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá no quieren que se incluyan los cambios esenciales que las organizaciones de la sociedad civil reclaman. A pesar de que países como Ecuador, Bolivia y Sur África han sido muy valientes en proponer cambios en la línea de nuestras sugerencias, las delegaciones en Ginebra están negociando en un ambiente muy hostil. Por lo anterior ahora más que nunca necesitamos acción de la sociedad civil en las capitales.

¿Cuál es el poder de decisión que tienen los diversos estados latinoamericanos y cómo ha sido la posición de las delegaciones?:

Ecuador: Es un país con derecho a voto y ha tenido un rol fundamental en la defensa de los cambios propuestos por la sociedad civil.

Bolivia: No tiene derecho a voto, pero ha participado en las discusiones, también en defensa de los cambios solicitados.

Uruguay: Tiene derecho a voto y en reuniones informales ha expresado comprensión de nuestras propuestas, pero  ha participado en las negociaciones.

Argentina: Tiene derecho a voto. Es parte del grupo de patrocinadores y está apoyando la idea de un consenso, no ha jugado un rol crítico ante la resolución.

Brazil: Tiene derecho a voto, pero no ha tenido una posición crítica clara frente a la resolución.

Cuba: Tiene derecho a voto y no ha participado en ninguna de las reuniones de negociación

Chile: Tiene derecho a voto y no tiene una posición crítica

Guatemala: Tiene derecho a voto y no tiene una posición crítica.

Que deberíamos hacer?

La última versión de la resolución, ha ido puesta a disposición del público ayer en la tarde. Su adopción será decidida el próximo miércoles o jueves. Cómo aquí las delegaciones no han tomado ninguna posición crítica y las que la han tomado se encuentran bajo una presión fuertísima, necesitamos que reciban instrucciones desde las capitales, sobre como posicionarse en las negociaciones de la semana entrante.

Primero habrá un espacio para que se hagan propuestas respecto a cláusulas concretas, pero la apreciación de nuestros colegas en Ginebra es que allí no habrá un gran espacio para cambios tan fundamentales como los que estamos solicitando.

Al final el presidente de la sesión preguntará si se puede adoptar por consenso (que es lo que pretenden los patrocinadores) o si alguien quiere que se vote. Nuestra primera labor es conseguir un “Estado valiente” que pida la votación. Nuestros miembros en Ecuador están haciendo cabildeo en este sentido.

Una sola propuesta bastará para que se tenga que votar, pero pedir el voto es una posición muy difícil para un Estado, por esto necesitamos que haya otros estados que respalden a este “Estado valiente”, tengan derecho a voto o no, porque la presión será fuerte. Una primera labor nuestra sería conseguir estados principalmente votantes, pero también no votantes que respalden esa solicitud.

Posteriormente, cuando se inicie la votación, necesitamos que la mayor cantidad posible de estados vote en contra o por lo menos se abstenga. Aunque se adopte la resolución por votación, una oposición fuerte tiene un significado político importante, porque demuestra que no hay consenso y eso nos da más posibilidades de seguir trabajando por estándares que realmente hagan responsables a las transnacionales. Si se adopta por consenso, nuestro espacio político de trabajo por normas vinculantes en el futuro se cierra, además porque ese grupo de trabajo al que le da mandato la resolución tendrá competencias reducidísimas, basadas en unos principios que no son los que necesitamos para una real protección de las comunidades afectadas.

Acción de cabildeo propuesta:

LOS MIEMBROS DE LA PLATAFORMA DEBERÍAN ORGANIZAR REUNIONES DE CABILDEO CON AUTORIDADES DE LOS MINISTERIOS DE RELACIONES EXTERIORES; O ENVIARLES COMUNICACIONES; EXPLICÁNDOLES.

1. La inconformidad de las organizaciones de la sociedad civil con los principios y la resolución (Para estados votantes y no votantes)

2. La necesidad de que se den instrucciones a las delegaciones en Ginebra, para que pida que la resolución se adopte por voto y no por consenso o para que por lo menos respalden al Estado que primero pida el voto (Para estados votantes).

3. Que voten en contra de la adopción de la resolución o por lo menos se abstengan de votar. (Para votantes)

4. Que se pongan en contacto con otros estados amigos, en la región o fuera de esta, para que actúen en consecuencia. (Para todos los estados de la región.)

AGRADECEMOS MUCHO SU ACCION INMEDIATA! SI NO ACTUAMOS AHORA, CADA VEZ NUETRAS POSIBILIDADES DE TRABAJAR CON INSTRUMENTOS ADECUADOS CONTRA LOS ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS TRANSNACIONALES SE REDUCIRAN MAS. SI NO LO HACEMOS AHORA; LUEGO SERA MUY TARDE”.

Enviada por Cíntia Beatriz.

Deixe um comentário

O comentário deve ter seu nome e sobrenome. O e-mail é necessário, mas não será publicado.