Con el objetivo de analizar el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación entre los Sistemas de Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, se reunieron más de 40 personas en el Salón 1 del Palacio Legislativo el pasado 24 de mayo.
La Ley, trabajada por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fijará los límites entre los sistemas de justicia indígena y ordinaria, así como fijará la coordinación y cooperación entre los órganos de la Función Judicial y las funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas.
En el texto de borrador se indica que justicia indígena es la diversidad de procedimientos y normas que cada comuna, comunidad pueblo o nacionalidad indígena aplique a sus miembros para resolver sus conflictos.
La presidenta de la Comisión, María Paula Romo, señaló ésta no será la única reunión donde se debata el proyecto de Ley, y que deben seguir un procedimiento de consulta prelegislativa, que hasta el momento no está normado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta sostuvo que se debe escribir claramente las reglas sobre la consulta, pues las autoridades de la justicia ordinaria pueden intervenir con arbitrariedad en hechos que no les corresponde según el mandato de la Constitución.
Por su parte, Jacqueline Coronel, de la Red de Defensores Indígenas, manifestó que la normativa no puede fijar límites entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria, puesto que los límites ya están establecidos en la Constitución.
En ese sentido, lo único que haría la Ley es limitar el ejercicio de los derechos colectivos en materia de justicia indígena que hay en el país.
Por otro lado, el asambleísta Gerónimo Yantalema, sostuvo que la coordinación y cooperación deben primar en el proyecto, y que no se deben fijar límites en el ejercicio de la jurisdicción y competencia entre los sistemas de la justicia indígena y ordinaria.
En la misma línea intervino Luis Contento de Ecuarunari, quien señaló que es mejor que la Constitución se cumpla, por lo que no es necesaria una ley que lo único que hará es recortar derechos.
Contento explicó que a lo largo de la historia las comunidades han venido administrando justicia pero, lamentablemente, algunos medios de comunicación han satanizado la justicia comunal confundiéndolas por el ajusticiamiento.
María Paula Romo informó que en la Comisión los asambleístas debatieron ampliamente que la ausencia de un mecanismo que resuelva el conflicto restringirá derechos, ya que cada autoridad termina definiendo en qué caso se aplica o no la ley.
Es decir, argumentó que la Ley debe ser lo menos invasiva posible y garantizar con gran amplitud los derechos constitucionales.
Durante esta fecha se debatió hasta el artículo cuatro del borrador del proyecto y se programó una nueva reunión para el próximo 7 de junio para continuar con el análisis del documento.
Participaron de la cita representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Red de Defensores de Indígena, Red de jóvenes, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), consultor de las Naciones Unidas, de la Universidad SEK.
Además representantes del pueblo Chiboleo, de las Fiscalías Indígenas, de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, de organizaciones Interculturales, de los derechos indígenas del pueblo Saraguro, de Ecuarunari, así como asambleístas y ciudadanía interesada.
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