Con ocasión de la celebración del bicentenario de la República de Paraguay, la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), cuestionó la democracia y el respeto de la dignidad humana por parte del Estado, pues aún se cometen actos de discriminación contra indígenas.
En el pronunciamiento emitido por la federación, manifiestan que a pesar de los dos siglos de independencia, la población indígena paraguaya aún sufre flagelos y vejaciones.
Por ello condenaron “el despojo territorial, cultural y socioambiental de los territorios Ava Guaraní y Mbya Guaraní para la construcción de la Represas Hidroeléctricas (Itaipú y Yacyreta)”.
Asimismo, cuestionaron la ausencia e incumplimiento de la ley para garantizar la protección de los indígenas en aislamiento voluntario, quienes se encuentran acosados por “personas inescrupulosas y políticas de desarrollo atentatorias contra su vida y dignidad”.
Por otra parte, condenaron que no exista una investigación seria para los casos que afectan a los indígenas, como los que se refiere a violaciones y homicidios a mujeres indígenas en las zonas de frontera.
La deforestación masiva de los bosques, en especial en El Chaco, crece de manera alarmante, de tal forma que a la actualidad han desaparecido varios arroyos y los pocos que quedan “ya no tienen vida”, mencionan en el comunicado.
A esto se suman las resoluciones judiciales que permiten el cultivo y cosecha de soja transgénica en comunidades indígenas, y que además ordenan la presencia policial causando enfrentamientos, señalan.
Algunos de estos casos han sido llevados a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas resoluciones obligan al Estado a modificar las leyes nacionales en torno a los pueblos indígenas, sin obtener ninguna respuesta.
Con el fin de contribuir al trabajo y debate sobre los derechos de los pueblos indígenas, FAPI ha editado el documento “Propuesta de Protocolo para un Proceso de Consulta y Consentimiento con los Pueblos Indígenas del Paraguay”. La publicación contó con el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Finalmente, hicieron un especial llamado al Parlamento para que Paraguay adopte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgado en setiembre del 2007.
La Dignidad Humana, más que un texto constitucional ¿no es acaso una palabra vacía invocada en su carta fundacional por el Estado, cuando es responsable de actos de racismo y discriminación contra pueblos que habitan hace más de 200 años este país?
El festejo del Bicentenario nos encuentra a nosotros, mujeres y hombres indígenas, con el mismo flagelo de siempre, con la misma falta de justicia, exclusión, con las mismas inequidades hacia nosotros como pueblos, como sujetos de derecho.
Cómo podríamos sentirnos invitados a ser partícipes en celebrar el Bicentenario, cuando la sociedad paraguaya y sus autoridades no han reconocido en la práctica nuestra condición humana y no asumen responsabilidades ante las violaciones casi irreparables a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que se expresan cotidianamente en múltiples casos que afectan comunidades y pueblos enteros.
El despojo territorial, cultural y socioambiental de los territorio Ava Guaraní y Mbya Guaraní para la construcción de la Represas Hidroeléctricas (Itaipú y Yacyreta), las mismas pactadas e iniciadas en la dictadura y hasta ahora por los Gobiernos del Paraguay, no han reconocido ni resarcido el daño inmenso que ha causado a ambos pueblos, menos decir aún ha iniciado un proceso de dialogo de construcción conjunta para una reparación e indemnización mínima.
En este sentido no sólo hablamos de devoluciones de territorios, sino cuestionamos además del reconocimiento por parte de los paraguayos no indígenas el orgullo de la “energía limpia”, que está cimentado en el dolor y daño de pueblos indígenas de nuestro país.
Allí también está la ausencia y el incumplimiento de la ley para garantizar la protección de los últimos habitantes de pueblos que se encuentran por su libredeterminación en aislamiento voluntario y han decidido soberanamente vivir de esa manera, es una urgencia. Ellos se encuentran permanentemente violentados por la presencia de personas inescrupulosas y políticas de desarrollo atentatorias contra su vida y dignidad. Inclusive invadidos por “supuestas áreas protegidas privadas” que cercenan su autonomía.
A esto se suma la falta de una política institucional de acompañamiento, investigación y ejecución de acciones a favor de los pueblos indígenas en los fueros laborales, penales y civiles. Existe un sin número de violaciones a los derechos territoriales, violación al derecho a la vida – con una secuela de muertes trágicas de indígenas-, al derecho a un ambiente sano, a medidas dictadas por el propio Estado, como las de carácter judicial, sean amparos o prohibiciones de innovar, cuyo incumplimiento violenta la vida, seguridad y la libertad de los pueblos indígenas.
La impunidad también se enseñorea en este Bicentenario. No existen investigación profunda en hechos punibles que afectan a indígenas; las carpetas fiscales se destacan por la falta de interés procesal del Ministerio Público en concluir sus investigaciones con la celeridad requerida, siendo el ejemplo más claro y doloroso para nosotros, la carátula de una causa donde hallaron el cadáver una mujer indígena muerta por supuesta mordedura de perros. Dicha carpeta fiscal se denomina “hechos a determinar” invisibilizando la gravedad del hecho ocurrido. Inclusive hay violaciones y homicidios de mujeres indígenas en las zonas de fronteras donde no existen indicios de investigación seria.
La fuerza pública, que debería resguardar los derechos de todos los paraguayos indígenas y no indígenas no sólo responden privilegiadamente a acciones o mandatos en defensa de sectores empresarios y terratenientes, sino que como autoridades fiscales o judiciales violentan derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas. Aunque hay casos en que la actuación de las autoridades ha servido de resguardo y un respaldo a indígenas, aún existen muchos casos de abuso de poder público.
En cuanto al patrimonio común de todas y todos, la deforestación masiva de los bosques en especial en el Chaco que es una zona muy frágil y sufre la falta de agua, sigue los pasos de la situación en la región oriental, donde desde hace tiempo es alarmante, y a la cual ha seguido la contaminación de lobvs cursos y nacientes de agua. Hoy han desaparecido varios arroyos en nuestras zonas y los poco que existen ya no tienen vida por la excesiva contaminación por agroquimicos.
A este cuadro de degradación de la naturaleza, en especial del suelo se suman resoluciones judiciales de varias circunscripciones de nuestro país que permiten el cultivo y cosecha de soja transgénicas en comunidades indígenas, hechos ilegales cuya acción principal es violentar a todos los miembros de las comunidades afectadas, pues sus resoluciones ordenan presencia policial que causan enfrentamiento y podría ocasionar perdidas de vida humana.
La falta de justicia frente a estos hecho en la República, ha llevado a litigios ante el sistema interamericano que demuestran la flagrancia de las violaciones a los derechos territoriales, aún hoy no reparados, hay resoluciones de la Corte Interamericana que obligan al Estado a modificar leyes nacionales que efectivizarían los derechos de los pueblos indígenas en el aseguramiento de sus tierras/territorios; todas estas cuestiones siguen sin ninguna respuesta por parte de los tres poderes del Estado Paraguayo.
Como corolario de esta situación, quisiéramos subrayar el caso del Pueblo Mbya Guaraní CHEIRO ARA POTY, en el departamento de Caaguazú, a la altura del Km. 225 de la ruta Asunción – Ciudad del Este, que fue beneficiada por Ley 24/89, en la expropiación de tierras de propiedad de la cooperativa menonita Sommerfeld Comité, para la legalización de una parte de su territorio tradicional en una extensión de 1456 hectáreas, confirmada por varios fallos judiciales y en todas las instancia favorable a la comunidad indígena. Pero la realidad es que hasta hoy, el título de esas tierras sigue estando en manos de dicha cooperativa, es decir: el poder de facto sigue teniendo vigencia y fuerza ante nuestro supuesto Estado de Derecho.
Ante esta situación la FAPI, exige un cambio al Estado, a los tres poderes les invita a asumir el desafío de aplicar y hacer cumplir las leyes vigentes. También la FAPI solicita el apoyo y acompañamiento al concierto de las Naciones del Mundo ante esta solicitud. Pero, hoy no sólo esperamos un cambio sino como siempre tratamos de aportar para construir en verdad un Estado social de derecho. Un Estado donde se respete el derecho de todas y todos, donde el Paraguay se convierta en un país más equitativo, respetuoso y solidario, por ello seguimos haciendo historia proposítiva con nuestro aportes y propuestas reales al Gobierno Nacional.
Años anteriores, hemos regalado el fruto de nuestro análisis y trabajo al Gabinete social plasmado en el documento “lineamiento básico para políticas públicas” hemos acompañado a varios organismos públicos tanto del poder Ejecutivo como Judicial en capacitaciones y asesoramiento en materia de derecho indígena.
Hoy 12 de mayo del 2011, a la puertas del festejo del Bicentenario del Paraguay, que antes que festejar, seguimos aportando importantes documentos para el trabajo y el debate, en ese sentido nuevamente, hacemos entrega este trabajo fruto de una reflexión y análisis desde la cosmovisión Indígena, a la sociedad paraguaya y a todas las autoridades Nacionales de este documento denominado “Propuesta de Protocolo de Consulta del Consentimiento Libre Previo e Informado”
La consulta es un deber del Estado y un derecho de nosotros los pueblos indígenas para corregir las asimetrías, discriminación y exclusión en la que estamos sumidos y sobre todo para que se respete nuestro derecho de otorgar o denegar nuestro consentimiento libre previo e informado, en todos los proyectos y programas, que afectan a los Pueblos Indígenas
Por último, reiteramos que las autoridades nacionales, Ministerio Público, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo cumplan con sus obligaciones jurídicamente vinculantes y empiece un proceso con todos los habitantes del Paraguay -indígenas y no indígenas- de construcción de un país más equitativo y respetuoso de su rica diversidad. Hacemos un especial llamado al Parlamento, a fin que en la brevedad nuestro país adopte como ley nacional la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, promulgado en el mismo seno de las NNUU, el 7 de Setiembre del año 2007, y así cumplir con lo estipulado en su artículo 43:
“Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”.
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