Perú: “Estado peruano tiene mala fe frente a las organizaciones indígenas”

Servindi – “El Estado peruano tiene mala fe antes las organizaciones indígenas” sostuvo Vladimir Pinto López, durante la presentación del Informe Alternativo 2010 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Perú, llevada acabo hoy en Lima.

Según el informe el estado peruano “viola de manera flagrante el principio de buena fe en la aplicación de los tratados y que por ende deben ser materia de sanción  efectiva por parte de los organismos de control de la OIT”.
“Los hechos más criticables tienen que ver con la Ley de Consulta que hasta el momento no se aprueba” afirmó Pinto quién es el redactor del informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).


Otro aspecto, destacado por Vladimir Pinto López es la “disolución” del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) ahora dependiente del Viceministerio de Interculturalidad. “Durante todo el gobierno de Alan García el INDEPA no ha funcionado. Lo enviaron al Ministerio de la Mujer, a la Presidencia del Consejo de Ministros, ahora al de Cultura. Hemos perdido cinco años, para volver a un punto cero” lamentó Pinto. Sobre las recomendaciones de organismos internacionales en materia de hidrocarburos e industrias extractivas no se ha avanzado y “persiste una política de vulneración de derechos de los pueblos indígenas” señaló Pinto.

El gobierno peruano no reconoce la condición de pueblos indígenas de las comunidades campesinas y por tanto las excluye en su derecho a ser consultadas. “Este es un argumento para no afectar los derechos de las grandes mineras” afirmó Pinto.

Esa marginación se produce a pesar que organizaciones indígenas y organismos internacionales como la OIT han reiterado que las comunidades campesinas sí son pueblos indígenas y por lo tanto son sujetos de derecho.
Finalmente, Vladimir aclaró que “el informe no está destinado a criticar a un sector del estado, sino que es un balance en general de los derechos de las poblaciones indígenas”.

El Estado peruano tendrá la oportunidad de presentar sus propios argumentos en el informe oficial que debe alcanzar el Perú a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La presentación del informe alternativo 2010 contó con la participación de Miguel Jugo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Alberto Pizango Chota, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Germán Vargas de la Asociación Paz y Esperanza y Vladimir Pinto, consultor independiente.

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