Perú: Defensoría del Pueblo velará por derechos fundamentales de Paul Mc Auley

Servindi, 13 de julio, 2010.- Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, informó que su institución estará atenta al proceso administrativo que determinó la cancelación del permiso de residencia del religioso Paul Mc Auley.

Merino, sostuvo que el objetivo es verificar que se respete el debido proceso, es decir, que se garantice el derecho de defensa.

Asimismo evaluar que la resolución expedida por el Ministerio del Interior reúna las características de una debida fundamentación y motivación.

Merino aclaró que la resolución debe desarrollar y precisar qué conductas son consideradas como “actos en contra de la seguridad del Estado, el orden público y la defensa nacional”, así como aportar “las pruebas que lo acredite”.

Beatriz Merino dijo que en caso sea verdad que el religioso nunca fue notificado del proceso administrativo que se le seguía ante la Oficina de Migraciones “se estaría vulnerando su derecho a la defensa”.

Paul  Mc Auley tiene respaldo

Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), denunció que hasta la fecha el gobierno no especifica de forma concreta las leyes que el religioso Mc Auley habría infringido.

Esa declaración la realizó en respuesta a Juan Álvarez, director de Migraciones, quien dijo que el hábeas corpus presentado por  Mc Auley no cambiará en nada la decisión del gobierno debido a que el Poder judicial sólo se pronunciará por la forma.

Por su parte, Miguel Jugo, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), afirmó que el director de Migraciones trata de salvar su responsabilidad.

El director de Aprodeh calificó de “preocupante” la actitud de Juan Álvarez,  jefe de Migraciones, quien tiene una función de carácter administrativo, pero muestra una gran intolerancia.

Al igual que el representante de IDL, Jugo comentó que el Poder judicial sí posee la facultad de revisar la decisión del Ministerio Público si es que no se ajusta a la ley.

Además,  Miguel Jugo señaló que corresponde al Ministerio del Interior evaluar si reconsidera la resolución de expulsión en contra del sacerdote británico.

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