1. Los pueblos indígenas amazónicos nos movilizamos en agosto del 2008 y abril del 2009, demandando la derogatoria de varios decretos legislativos emitidos por Gobierno del Presidente Alan García; exigiendo el Derecho a ser Consultados, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano, mediante Resolución Legislativa Nº 26253, vigente en nuestro país desde de febrero de 1995. Siendo un Tratado Internacional de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y el Gobierno.
2. En mayo del 2010, el Congreso de la República, aprobó mediante un amplio consenso de los diferentes partidos y movimientos políticos representados en el Poder Legislativo, la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio Numero 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Al aprobarse la Ley de Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, el Congreso de la República reconoció la LEGITIMIDAD DE NUESTRAS LUCHAS Y NOS HA DADO LA RAZON EN LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Y TERRITORIOS.
3. Por tanto, el Ejecutivo al observar la Ley de Derecho a la Consulta, lejos de reconocer este derecho legítimo de los pueblos indígenas, ha tirado por la borda el amplio consenso alcanzado por la representación nacional en el Congreso de la República. Pero no solamente eso, sino que el gobierno comete un verdadero error y fraude pues utilizó la aprobación del Parlamento para pasear por el mundo su posición dialogante y de respeto a los pueblos indígenas, pero pasada la publicidad devuelve la norma al Legislativo que no solo hace imposible respetar nuestros derechos a ser consultados y escuchados, sino que amenaza seriamente y constitucionalmente nuestros derechos humanos.
4. La ley de Derecho a la Consulta, contempla el consentimiento, principio claramente establecido por el Convenio 169 y demandado legalmente por los pueblos indígenas.
5. El Gobierno, lejos de reconocer ya no solo los derechos de los pueblos, sino su propia existencia, persiste tercamente en su errada política del “perro del hortelano”, considerando a los pueblos indígenas como ciudadanos de segunda y tercera categoría.
6. En este contexto, la observación a la ley por parte del Ejecutivo lo coloca fuera del Estado Derecho.
7. Por eso, denunciamos el propósito del Gobierno de intentar perpetuar la imposición de proyectos de extracción de recursos naturales, sobre la voluntad soberana de los pueblos indígenas, contra toda la institucionalidad democrática nacional e internacional que vela por los derechos de los mismos, so pretexto de “tener la última palabra” e imponer sus políticas anti-indígenas.
8. Y citamos los casos de la pretensión presidencial de inundar el bosque amazónico de Satipo para crear la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango, de destruir el Santuario Nacional de Megantoni, de la forma en cómo recortó el Parque Nacional de Ichigkat Muja en el Cenepa; situaciones que demuestra fehacientemente como los gobiernos intentan destruir la naturaleza a cambio de su forma de desarrollo. No es posible que el gobierno PERUANO sostenga “negociar”, “indemnizar”, lo que significa seguir destruyendo sin límites porque tiene dinero y pueden pagar.
9. Es por eso que la AIDESEP informa a la opinión pública nacional e internacional que ante esta lamentable reacción del gobierno peruano consultará con las 1350 comunidades indígenas, federaciones de bases y organizaciones regionales para anunciar las acciones que adoptaremos para defendernos, para defender nuestro legítimo derechos a decidir nuestro futuro y hacer respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Lima, 23 de junio del 2010
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