Los marchitas que se oponen a la construcción de la carretera que dividirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) lamentaron que hasta ahora, a seis días de su llegada a La Paz, el gobierno de Evo Morales se niegue a negociar sobre la plataforma de demandas indígenas.
Más de mil indígenas permanecen hasta el momento en los exteriores del edificio de la Vicepresidencia bloqueando el ingreso y salida de funcionarios. Evo Morales por su parte en conferencia de prensa puso condiciones para iniciar el proceso de diálogo respecto a la construcción de la vía.
Fernando Vargas, dirigente indígena del TIPNIS, dijo que no levantarán el cerco hasta que Morales ordene levantar las barricadas policiales que impiden el ingreso a la plaza Murillo donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el Parlamento.
De otro lado la columna de la Marcha denunció a través de un comunicado que una vez más el gobierno de Evo Morales intentó desestabilizar la IX Marcha Indígena.
Esta vez lo hizo a través de su ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, quien ofreció a cerca de cuarenta exdirigentes del Consejo Regional Tsimane-Mosetén (CRTM) firmar un “acuerdo programático” a cambio de su desmovilización. El acuerdo incluía ejecución de obras en temas de salud, educación y telecomunicaciones.
Enterados de este hecho la columna de la Marcha informó que los indígenas de la CRTM que forma parte de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) fueron presionados, sobornados y obligados a firmar el acuerdo.
Hasta el momento y luego de enviar cinco convocatorias de diálogo al gobierno de Evo Morales éste solo les hizo llegar una carta donde manifiesta que no entiende la posición de la marcha indígena frente a una conquista histórica de los pueblos indígenas del mundo como es el derecho a la consulta previa.
Como se recuerda la Ley 222 promovida por el Gobierno dispone que se lleve a cabo este 20 de julio el proceso de consulta previa para definir si se realizará o no la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Mojos que dividirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Ministro de Gobierno de Evo presiona a indígenas para desmovilizarse
En horas de la tarde del sábado 30 de junio los exdirigentes del Consejo Regional Tsimane-Mosetén provenientes de Pilón Lajas recibieron la visita en las instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde se encontraban pernoctando, del ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz.
El objetivo era desmovilizar alrededor de cuarenta indígenas de la citada organización que participaban en la marcha. El operativo estaba supervisado en persona por Magaly Espinoza, jefa del gabinete del ministro Romero. Ella coordinaba las acciones con este último y con el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
Tal como explica un comunicado para el traslado de los indígenas t´simanes y mosetenes se habilitó en horas de la noche tres buses con capacidad para 20 personas, cuatro camionetas de las cuales tres pertenecen a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 7 vagonetas cuyos tripulantes dirigían el operativo.
Sin embargo, el traslado nunca se terminó de dar luego de que se sorprendiera in fraganti a tres funcionarios del Ministerio de Gobierno que ingresaron a la universidad con este fin.
Responsables de la Comisión de Logística de la XI Marcha Indígena, Matilde Noza, informó que se sorprendió a los hermanos t´simanes y mosetenes y sus enseres, vituallas y sacos de ropa en una camioneta.
Hecho lamentable fue que tras la retención de los tres sospechosos, dos de los cuales se pudieron identificar como Edgar Juan Quispe Zacaca y Sabino Mendoza Quispe, los mismos fueron dejados en libertad por los fiscales Claudia Pastén y Tomas Monasterios que antes se rehusaron a recepcionar la denuncia que debían interponer los dirigentes indígenas.
Juan Carlos Nate, dirigente desconocido del CRTM, explicó en este sentido que el acuerdo con Carlos Romero fue suscrito, señala Nate, producto del soborno y la presión a los que fue sometido durante la reunión.
Las condiciones de Evo Morales
El mandatario boliviano en conferencia de prensa precisó que el diálogo por el TIPNIS tiene que ser con 63 corregidores y autoridades originarias de las tres centrales como Carlos Fabricano, del Sécure; Fernando Vargas, de la Subcentral del TIPNIS; y Gumercindo Pradel, del Conisur.
Sin embargo, los líderes de la IX Marcha Indígena aclararon que sólo existen 48 comunidades en la jurisdicción del TIPNIS y que las restantes 15 comunidades están en el área del “Polígono Siete” que están afiliados al Conisur.
Respecto a la implementación de la Ley 222 de Consulta Previa el pasado fin de semana el Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, señaló que la consulta previa ya está a destiempo.
“La Ley 222 establece que el protocolo debe llegar 30 días antes de la consulta propiamente dicha a manos del Órgano Electoral”, declaró Ovando a un medio local.
Según la norma, el protocolo debe especificar los mecanismos de desarrollo de la consulta y éste debería estar en posesión del Organo Electoral 30 días antes del 20 de julio, fecha establecida por el Gobierno nacional para la consulta previa y que a la fecha no ha sufrido ningún cambio.
Los marchantes de la IX Marcha Indígena dieron a conocer un nuevo manifiesto que presentamos a continuación.
Manifiesto público de la IX Marcha Indígena Originaria
“Por la Defensa de la Vida y Dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la C.P.E y respeto de la Democracia”
Al pueblo paceño y Bolivia toda
1. Agradecemos infinitamente al pueblo paceño por la solidaridad y el apoyo expresado en un contundente recibimiento y resguardo de la columna de la IX Marcha Indígena Originaria, que a pesar de las amenazas, amedrentamiento y la violencia generada por grupos intolerantes progubernamentales, han demostrado valientemente una vez más su compromiso inquebrantable con la vigencia del estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la defensa de nuestros derechos, el medio ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales.
2. Pocas veces en la historia de nuestro país un sector social como el nuestro ha sido tan humillado e injustamente tratado por un gobierno, como éste: tendríamos que remontarnos a las épocas de la colonia, la explotación del caucho o del apogeo de la hacienda tradicional pre-1952, para encontrar tal grado de discriminación y racismo descargado en contra nuestra. Ahora esto se manifiesta en exclusión e intolerancia cuando reclamamos el cumplimiento y defensa de nuestros derechos individuales y colectivos.
3. Si el año pasado fuimos reprimidos salvajemente un 25 de septiembre, este año, antes y durante su caminata la IX Marcha fue objeto de una estrategia gubernamental, dirigida a evitar el cumplimiento de las conquistas de la VIII Marcha del año 2011, ahogar la IX Marcha y, propinar a los pueblos indígenas una derrota política. La mencionada estrategia contempló: a) la intromisión del gobierno en las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas y originarios para dividirnos, valiéndose del chantaje, soborno, el amedrentamiento y la criminalización de líderes y las organizaciones indígenas representativas. b) Hostigamiento sistemático por grupos organizados del gobierno, quienes, en San Ignacio de Mojos por ejemplo, comandados por el Viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, nos humillaron y discriminaron negándonos el derecho de transitar por nuestra propia casa. c) Prebenda y soborno a dirigentes y comunarios de comunidades indígenas del TIPNIS, buscando doblegar su voluntad para que acepten la construcción de la carretera San Ignacio-Villa Tunari y desconozcan a sus estructuras orgánicas representativas. d) Campaña millonaria por medios masivos de comunicación orientada a la desinformación sobre la consulta ilegal y calumnias a líderes de la IX Marcha Indígena Originaria. e) finalmente, la acción política bajo título de sentencia constitucional del 18 de junio, ilegalmente nos impone consensuar de forma obligatoria el protocolo de esta consulta con terceros ajenos a nuestro territorio.
4. Deploramos la insensibilidad de este gobierno ante el luto de nuestra Marcha, el pasado martes 19 de junio sufrimos el trágico fallecimiento de nuestra hermana Silvia Otilia Cunay y nuestro hermano Alejandro Cayuba, así como la muerte del compañero Justo Illanes paramédico de la Alcaldía de La Paz quien solidariamente nos apoyaba. Insensibilidad recientemente reiterada ante la muerte de nuestra pequeña Karen Yessenia Fabricano Gutiérrez, muerte a la que el Estado le debe la continuidad de la democracia, porque los hermanos marchistas decidieron quedarse en la intemperie de Urujara con sus niños y niñas a fin de no mezclarse con el motín policial en absoluta convicción y apego a estos valores y poniendo en riesgo su integridad física. Este sacrificio, esta muestra de apego a la democracia y esta convicción pacifista, no tiene ningún valor para el gobierno, porque en lugar de promover, defender y garantizar los derechos ni siquiera nos ha permitido ingresar a la Plaza Murillo bajo fundamentos racistas esgrimidos por el Viceministro Jorge Pérez al más claro estilo colonial y patronal.
5. Manifestar que antes y durante de la actual marcha se ha invitado al gobierno a entablar un dialogo en el marco de la sinceridad y el respeto. Como respuesta recibimos insultos, menosprecio, calumnias y provocaciones de los ministros Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifáz y el Vicepresidente de Estado Plurinacional Alvaro Marcelo García Linera. El no atender nuestros planteamientos ni solicitudes se debe a que no acepta lo que en el fondo expresa nuestra movilización y en concreto nuestra plataforma de demandas: una clara interpelación a su política desarrollista que contradice el paradigma del “vivir bien” y respeto de la Madre Tierra establecido en la CPE y las leyes. En este paradigma el “desarrollo” no se logra destruyendo el medio ambiente, ni provocando la desaparición de pueblos, violando los derechos humanos, o imponiendo proyectos que responden a exigencias de potencias extranjeras, empresas transnacionales o sectores capitalistas informales.
6. Manifestar que nuestra plataforma recoge las demandas de los pueblos indígenas de las tierras bajas y naciones originarias de tierras altas expresadas en nueve puntos. Como primer punto demandamos la abrogación de la Ley Nº 222 promulgada por el Presidente el 10 de febrero de este año, que definió arbitrariamente que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos atraviese el TIPNIS, contraviniendo su propia decisión del 24 de octubre de 2011, establecida en la Ley Nº 180 de protección del TIPNIS que dispone que la carretera mencionada, ni ninguna otra, pasaría por nuestro territorio, en concordancia con la CPE y las leyes vigentes. La Ley Nº 180 fue la principal conquista de la histórica VIII Marcha Indígena, la cual expresó la voluntad de los habitantes del territorio tantas veces exigida por sus comunidades y nunca escuchada por el Estado.
7. Denunciamos el sistemático ensañamiento contra los principales líderes de nuestra movilización dirigido a evitar su presencia en la mesa de diálogo e imponer dirigentes de bolsillo afines al MAS, pretendiendo negociar consigo mismo. En este sentido, la IX Marcha antes de referirse a los actos de contrabando de camiones en zonas fronterizas o de actos terroristas en el pasado de algunas autoridades gubernamentales en ejercicio, plantea un dialogo incondicional y abierto con los únicos y definitivos titulares del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según reza el título ejecutorial de propiedad colectiva Nº TCO-NAL 00029/09, firmado y entregado por el presidente Evo Morales, es decir, la Subcentral TIPNIS además de los delegados y dirigentes designados por la 9na Marcha en coherencia con las distintas demandas planteadas en nuestra plataforma.
8. No es posible que el gobierno intente imponernos en la mesa de diálogo y en todo el proceso que definirá el destino de nuestro territorio a terceros que nada tienen que ver con nuestro territorio y que han renunciado a ser parte de la TCO-TIPNIS, como las 11 comunidades del CONISUR misma que está afiliada a la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Federación Única de Trabajadores del Trópico de Cochabamba. Comunidades que persiguen intereses liberales de propiedad individual y relación mercantil que solo buscan el enriquecimiento a costillas de los recursos naturales que son de todos los bolivianos y bolivianas en absoluta contraposición a la visión de los pueblos indígenas.
9. Convocamos a la población urbana rural de todo el territorio nacional y a las organizaciones gremiales, juntas vecinales, estudiantes, obreros y demás sectores sociales, a sumarse a nuestras justas demandas y la constante lucha por defender la vida, la dignidad, los Territorios Indígenas, los Recursos Naturales, la Biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la C.P.E y respeto de la Democracia.
Es dado en la ciudad de La Paz, el 30 de junio de 2012.
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http://servindi.org/actualidad/67523#more-67523
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