Servindi – La promulgación de la nueva Ley de Minería ha tenido un impacto negativo en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasully (Conamaq) que acusó a la norma de atentar contra la supervivencia de los pueblos originarios, el agua y promover la criminalización de la protesta.
En ese sentido la organización se declaró en resistencia y anunció que esta se puede dar a partir de acciones legales nacionales e internacionales.
Como se sabe, la promulgación de la Ley de Minería y Metalurgia se dio el 28 de mayo en un acto encabezado por el vicepresidente Álvaro García Linera, en la ciudad andina de Oruro.
Según Linera, se trata de una norma que reconoce como actores mineros al sector privado, estatal y cooperativista.
Sin embargo, la información de la prensa internacional da cuenta de que este último sector no será beneficiado.
Esto ya que solo la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), un ente estatal, podrá cerrar acuerdos con el capital privado para explotar los yacimientos del país, dejando de lado formas populares de asociación como las cooperativas.
Para la Conamaq, sin embargo, se trataría de una ley que le quitará a los pueblos originarios sus tierras y sus aguas.
“Nosotros no creemos en el desarrollo que contamina, extermina, destruye y vende”, señala en un reciente comunicado la organización representativa de los pueblos indígenas de tierras altas.
En otra parte del texto sostiene que para la promulgación de la ley han sido movilizados decenas de cooperativistas mineros. Recordó además lo ocurrido en Arcopongo que acabó con tres muertos.
Para leer el comunicado de la Conamaq dar clic aquí.
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