Denuncian política sistemática de desconocimiento de los derechos de los PP.II.

Servindi – Los paquetes normativos emitidos por el Gobierno peruano para promover las inversiones vulneran la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y las jurisprudencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Así lo advirtieron algunos especialistas durante el conversatorio “Juventud, Tierra y Territorio”, realizado el 23 de abril en Lima y que tuvo lugar gracias al trabajo de la organización nacional de mujeres indígenas Onamiap y la Plataforma por la Gobernanza Responsable de la Tierra.

Pedro Castillo, coordinador del Programa de Acceso a Recursos Naturales del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), denunció que todas las herramientas legales de los últimos años apuntan al aprovechamiento de los bienes naturales como son la tierra, el agua y los bosques, a favor de los grandes capitales y en desmedro de los derechos de las comunidades campesinas y nativas.

En ese sentido, recordó que un gran número de comunidades tanto de la selva como de la sierra siguen sin título. Lo grave es que la mayoría no tiene un título georreferenciado: solo el 38,5 por ciento en el Ande y apenas el 6,7 por ciento en la Amazonía, precisó.

Respecto a los llamados paquetazos ambientales, el especialista de CEPES se refirió a la Ley 30025, que modifica la Ley General de Expropiaciones, vulnerando la Constitución.

Según el experto, esta última solo permite expropiaciones en casos de necesidad pública y seguridad nacional y lo que la nueva norma hace es agregar el causal de “proyectos de gran envergadura”, referidos principalmente a actividades extractivas y obras de infraestructura, cuando es sabido, explicó, que la Constitución no puede ser modificada por una norma legal de menor jerarquía.

Respeto a la Ley 30230, el experto afirmó que esta vulnera los derechos territoriales a favor de los proyectos de inversión, al establecer procedimientos especiales para el saneamiento físico legal de los predios donde se ejecutan tales proyectos. Y lo hace con aplicación retroactiva, contraviniendo el sistema jurídico, apuntó.

Se refirió también al Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas, según el cual el uso de las tierras comunales puede ser cedido a las empresas solo con la aprobación de la Junta Directiva, cuando la ley establece que se necesita la aprobación de por lo menos dos tercios de los comuneros.

Esto vulnera el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, para quienes la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno, alertó.

Finalmente, Castillo se refirió al Proyecto de Ley 3941-2014-PE, que flexibiliza los procedimientos de servidumbre, derechos de vía y expropiación.

Aunque el proyecto de reglamento de esta norma dice que no se aplicará a tierras eriazas de las comunidades campesinas, ante la inexistencia de títulos georreferenciados, las tierras pueden ser consideradas propiedad del Estado, advirtió.

A su turno, Víctor Torres, asesor técnico de la Confederación Campesina del Perú (CCP), destacó la relación que guardan la tierra y el agua con la identidad de los pueblos indígenas.

De otro lado alertó sobre el crecimiento desmesurado de las concesiones mineras, al punto que el 50 por ciento de los territorios de las comunidades andinas están concesionados a la minería. En la Amazonía este problema se repite con concesiones petrolíferas, indicó.

Por su parte Catherine Sevilla, especialista del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), sostuvo que ante todas estas amenazas los pueblos indígenas y sus organizaciones pueden recurrir a los mecanismos de justicia nacionales e internacionales para ejercer la defensa de sus derechos fundamentales.

Subrayó en ese sentido que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluye el derecho a un modelo propio de desarrollo.

Precisó así que el derecho al territorio, según estos instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comprende el derecho a los recursos naturales.

El conversatorio “Juventud, Tierra y Territorio” que tuvo lugar el 23 de este mes formó parte del Encuentro Nacional de Jóvenes Indígenas: Identidad y Liderazgo, desarrollado por la Onamiap.