Indígenas y campesinos, los “dueños” del 70% de los bosques mexicanos

Un sistema de propiedad de la tierra único en el mundo puede ser la clave para salvar a la naturaleza de América Latina

Isabelle Schaefer* – El País

Un territorio dos veces más grande que España. Esa es la superficie que ocupan en México los ejidos, un sistema de propiedades rurales de uso colectivo único en el mundo en donde las comunidades tienen un derecho agrario sobre sus tierras. Más de cinco millones de indígenas y campesinos son los “dueños” de esa enorme extensión de tierras donde están ubicados el 70% de los bosques del país.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, México se encuentra entre los primeros países con mayor deforestación en el mundo. Se estima que entre 2005 y 2010 se perdieron cerca de 155.000 hectáreas por año. Datos del Banco Mundial revelan que México genera alrededor del 1,3% de las emisiones de CO2 a nivel global.

“Aquí en esta comunidad crecí”, dice Eliut Juárez Morales, del ejido Álvaro Obregón, cerca de Calakmul, en Campeche, la antigua ciudad maya rodeada de bosques tropicales, que recientemente recibieron el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio mundial.

Para Juárez, los miembros de su comunidad, el bosque tropical no es solo un medio de subsistencia. Es la casa que habitan, donde vivieron sus antepasados y donde aspiran a seguir estando durante muchas generaciones.

Por eso, si se quiere salvar los bosques, es indispensable trabajar con las comunidades locales rurales e indígenas que viven en los ejidos y que dependen de la enorme riqueza natural de los bosques para su subsistencia. De hecho, es probable que involucrar a estas comunidades en proteger los bosques sea la forma más eficiente de cuidar esos ecosistemas.

“Hay cada vez más investigaciones que muestran claramente que la devolución de derechos a la comunidad local contribuye a un mejor manejo de los recursos forestales y a tasas menores de deforestación y degradación”, explica Carole Megevand, experta en desarrollo rural del Banco Mundial.

Además de México, en Costa Rica, en donde pagan por cada árbol sembrado, y en Colombia (donde indígenas y afrodescendientes tienen derechos sobre el 48% de los bosques) trabajan con los ganaderos para que cuiden el agua en las montañas y críen animales en armonía con el medioambiente.

Millones dependen de los bosques

Se puede entender fácilmente que los que dependen directamente de los bosques para sus ingresos y su cultura tengan más interés en preservarlos, agrega Megevand.

Al menos 1,3 millones latinoamericanos trabajan en el sector forestal formal, según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pero se estima que alrededor de 45 millones trabajan informalmente en los sectores de combustible de madera y carbón vegetal, así que la cifra de personas que dependen de recursos forestales para trabajar y vivir puede ser más grande. 

“El sistema único de propiedad de tierra (en México) provee una base sólida para un manejo de los bosques basado en la comunidad”, según Megevand.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) puso en marcha una estrategia que incluye pagos por servicios ambientales o el fortalecimiento de actividades amigables con el ambiente, como la industria de madera sustentable o el ecoturismo. En 2011, el programa apoyó a 2.400 comunidades y esta cifra se incrementó en un 20% en los últimos años, con el apoyo del Banco Mundial.

Promotores comunitarios

Para que los beneficios de esta estrategia lleguen a todos se están capacitando “promotores comunitarios”, es decir, personas que viven en la propia comunidad, para que puedan fortalecer el desarrollo, la organización y la gestión de los recursos que extraen del bosque.

Eliut Juárez es uno de ellos. “Nos llevaron a plantaciones forestales a hacer actividades de silvicultura y a plantaciones de cacao de todo lo que se puede producir con agro-forestaría. Esta parte es muy buena para el beneficio de la comunidad”, explica.

“Aunque queda mucho por hacer, el enfoque de México con la silvicultura comunitaria y el pago por servicios ambientales es ahora cada vez más reconocida como una buena práctica en todo el mundo,” explica Megevand.

Las experiencias de México, Colombia, Costa Rica y otros países de la región están sirviendo como ejemplo en distintos lugares del mundo para establecer programas que permitan preservar los recursos naturales y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la pobreza en áreas rurales.

*Productora online del Banco Mundial.

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Enviada para Combate Racismo Ambiental por Lara Schneider.