Servindi – Amplio rechazo de la sociedad civil guatemalteca recibe la polémica “Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales”, también conocida como “Ley Monsanto”. Grupos afirman que norma pondrá en riesgo la seguridad alimentaria y afectará la economía de los agricultores.
El pasado 10 de junio el Congreso de Guatemala aprobó mediante el decreto 19-2014 la “Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales”, lo que dio pie a una serie de severas críticas por parte de varios sectores de la sociedad civil.
La referida ley -publicada el 26 de junio- protege la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los “creen”, “descubran” o modifiquen por manipulación genética las especies existentes.
De esta manera, los beneficiados por la ley u “obtentores”, que normalmente son empresas productoras de semillas transgénicas como la transnacional Monsanto, obtendrán derechos de propiedad y usos de tales variedades, sea planta o semilla.
Monopolio de semillas
En una publicación, el Colectivo de Estudios Rurales (Cer Ixim,) advirtió las consecuencias que tendría la “Ley Monsanto”.
Explicó que bajo esta se considerará ilegal y castigará con prisión a quien posea o transporte plantas o semillas de una especie sin la autorización del obtentor.
Igual de ilegal y punible será poseer un producto que sea resultado de la semilla o planta, así como guardar para futuras cosechas la semilla.
Según la norma, pertenecen también al obtentor “las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida”. En ese sentido, el híbrido resultante de una variedad no patentada con una patentada sería propiedad del autor de la variedad patentada.
Asimismo, esta ley favorece la privatización y monopolio de semillas poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, especialmente de los pueblos indígenas, advirtió el Cer-Ixim.
Consideró también que la biodiversidad de Guatemala quedará “bajo el control de empresas nacionales y extranjeras”.
Ley inconsulta
La aprobación del Decreto 19-2014 es parte de un proceso que se fue consolidando desde la firma del TLC entre Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta),en 2005, mediante el cual el país centroamericano se vio obligado a adherirse al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV).
Al año siguiente, se concretó la adhesión al UPOV y la Comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior elaboró una propuesta legal base que fue remitida a la la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales para su aprobación.
De acuerdo al Colectivo de Estudios Rurales, las normas para la adhesión al convenio UPOV no fueron sometidos a consulta a la población en general ni a los grupos indígenas.
Igual posición tiene el Colectivo Social para el Derecho a la Alimentación, que consideró que la ley viola disposiciones del Convenio 169 de la OIT “por ejemplo, al penalizar el uso de semillas en futuras siembras, truncando de esta manera el ciclo natural de la vida y reproducción vegetal”, explicó.
Suman críticas
La creciente oposición a la “Ley Monsanto” proviene de diversos sectores de la sociedad civil como organizaciones indígenas, grupos ambientalistas, científicos, artistas y congresistas.
De acuerdo a Mario Itzep, coordinador del Observatorio Indígena, la norma pone en riesgo la seguridad alimentaria de todo el país.
Asimismo, consideró que la ley viola los derechos de los pueblos indígenas porque hace un uso indebido de las semillas producidas en el seno de culturas ancestrales.
Por su parte, Domingo Hernández, miembro de la asociación Maya Ukux Be aseguró que la “Ley Monsanto” es un atropello a las culturas ancestrales y que generará dependencia a los productos transgénicos de las transnacionales de semillas.
En tanto que, la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad señaló que la Ley es inconstitucional “porque viola los derechos de los pueblos. Beneficiará a empresas transnacionales de semillas tales como Monsanto, Duwest, Dupont, Syngenta, etcétera”
“De acuerdo a esta ley los derechos de obtentor son prioritarios al derecho de los Pueblos al uso libre de las semillas (…)” indicó la Alianza, en un comunicado emitido a fines de julio.
“Es un ataque directo a los conocimientos ancestrales, a la biodiversidad, a la vida, a la cultura, a la economía campesina, a la cosmovisión de los Pueblos, a la soberanía alimentaria”, añadió.
En un comunicado emitido el pasado 11 de agosto, el Colectivo Social para el Derecho a la Alimentación indicó que la “Ley Monsanto” deja desprotegidas a la economía y prácticas ancestrales de los campesinos.
Señaló también que el país no está preparado para implementar, regular ni controlar actividades con organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos.
“En nuestro país no hay legislación que regule actividades con Organismos Genéticamente Modificados (OGM), sus cultivos, la cosecha, la señalización en productos de comercialización, etcétera”, agregó.
Consideró también que la aprobación de la norma es una violación al “principio de precaución ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente”.
Campaña virtual
En rechazo a la norma, personajes del mundo artístico y televisivo de Guatemala se han sumado a una campaña virtual de firmas contra ella.
Se trata de una petición dirigida al Presidente de la República, Otto Pérez Molina, en el portal Avaaz en la que se denuncia que la referida ley viola artículos de la Constitución.
“Esta norma viola los artículos de la Constitución referentes a la Protección a la Persona, Identidad Cultural, Patrimonio Natural, Derecho a la Salud, los principios del Régimen Económico y Social, además de las obligaciones del Estado para proteger a los consumidores”, señala la misiva.
Discutirán cambios
Luis Fernández Chenal, del Partido Patriota (PP) afirmó que solicitará a la Comisión de Agricultura del Congreso de Guatemala que antes que entre en vigor la ley, recogerá y discutirá las posturas antagónicas existentes a fin de hacerle modificaciones.