La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió la situación de riesgo que afronta la comunidad afrodescendiente garífuna del noreste de Honduras luego de que algunos de sus miembros fueran secuestrados temporalmente por narcotraficantes cuando inspeccionaban su territorio.
El pasado 17 de julio, en una inspección a su territorio en Vallecito, departamento de Colón, un grupo de garífunas entre los que se encontraba Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), fueron secuestrados por cuatro hombres fuertemente armados.
Un día ante antes los miembros de la comunidad descubrieron que una pista de aterrizaje ilegal destruida por el ejército en enero de 2014 estaba siendo reconstruida.
De acuerdo a Miriam Miranda, mientras inspeccionaban el lugar, los secuestradores los interceptaron y les quitaron sus teléfonos móviles. Luego amenazaron con matarlos.
“Había una clara intencionalidad de desaparecernos, porque habíamos sido testigos de lo que estaba pasando con la pista clandestina. Además, preguntaban insistentemente por mi persona, por la coordinadora de Ofraneh, y tuve mucha suerte de que no me conocieran”, señaló Miranda a la prensa luego del incidente.
Sin embargo, al advertir de que algunos miembros de la comunidad habían logrado escapar y que pudieron haber pedido ayuda, los captores llamaron a su “jefe” y finalmente liberaron a los garífunas y fugaron.
Tras difundirse la noticia del secuestro, varias organizaciones hondureñas y de otros países hicieron pedidos de ayuda y un contingente armado se acercó a la zona a asegurar la protección de quienes fueron secuestrados.
Para Amnistía Internacional esta acción fue parcial y provisional e indicó que no asegura a futuro la integridad de Miranda ni de los otros garífunas, cuando regresen a sus hogares.
Tampoco hay acciones para dar seguridad a los territorios garífunas donde operan traficantes de drogas que ponen en riesgo a la comunidad entera, indicó.
Inacción del gobierno
La dirigente denunció la inacción del Gobierno en el territorio garífuna ante en avance de grupos armados delincuenciales.
Sostuvo que el propio gobierno estaría vinculado de varias formas a este contexto hostil para las comunidades, pues la defensa de los territorios garífunas ancestrales incomodan a terratenientes, al crimen organizado y a funcionarios públicos.
Denunció que la política estatal responde a la criminalización y judicialización de la protesta para favorecer el acaparamiento y extranjerización de los territorios.
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