“El gobierno necesita construir la imagen de que estamos agarrados del chongo y no eso cierto”: Tribu Yaqui

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Foto: Efraín Ruíz Nieblas

En los medios locales se habla de la división de la tribu, pero “lo real es que este proceso de lucha aglutinó a todas las tropas de la tribu y generó a un consenso en cuanto a la defensa del territorio y el rechazo al Acueducto Independencia”

Gloria Muñoz Ramírez – Desinformémonos

Vícam, Sonora. En la ruta por la restitución de sus derechos, la tribu yaqui ha ganado todas las batallas jurídicas y políticas contra la construcción y ahora funcionamiento del Acueducto Independencia, obra con la que el gobierno de Guillermo Padrés Elías pretende arrebatarles el agua que les pertenece. Cada milímetro de esta lucha emprendida desde 2010 lo han ganado con organización y perseverancia, a pesar de la persecución a sus autoridades y de los mecanismos empleados por el Estado para dividir la decisión de los pueblos.

En este momento, explica Juan Domingo Molina Valencia, representante de la Comisión Técnica de la tribu yaqui, continúa la organización de la Consulta a sus pueblos, proceso ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 8 de mayo de 2013, en el que definirán con un “sí” o con un “no”, la operación del Acueducto Independencia, obra marcada desde su licitación con un sinfín de irregularidades, con la que el gobierno del estado de Sonora pretende transvasar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales a la ciudad de Hermosillo.

Mario Luna, secretario de las autoridades tradicionales de Vícam, explica en entrevista con Desinformémonos que durante todo el proceso de lucha contra el Acueducto, el gobierno ha empleado una serie de artimañas para intentar dividirlos, pero, asegura, no lo han logrado. El gobierno del estado, señala, ha querido inmiscuirse en la Consulta decidiendo “a quién consultar”. Incluso, afirma, “han habido intentos de que no se nos consulte a nosotros, cuando nosotros somos los que ganamos el amparo, que porque, dicen, no somos la autoridad. Pero aquí la autoridad yaqui está bien conformada, tiene una estructura propia, y tiene un historial que puede ser validable dentro de un peritaje antropológico”.

Lo que los yaquis consideran una de las intervenciones más fuertes del gobierno, indica Luna, “es el intento de legitimar autoridades que no están en el ánimo de la gente, que no tienen una estructura formal y se las inventan; son grupos que han estado al servicio del gobierno en turno y se materializan en las asambleas que hacen”.

La tribu yaqui es históricamente combativa. Son ocho pueblos guerreros con una estructura militar que sería el antecedente más primero de lo que hoy se conocen como autodefensas. Aquí, a partir de la defensa del río Yaqui, “se armó un bloque muy fuerte de cinco pueblos, Vícam, Pótam, Belem y Loma de Guamuchil y Loma de Bácum, para contrarrestar la falsa percepción de división que quería crear el gobierno”. Sin embargo, refiere el entrevistado, “a pesar de que el gobierno no debería de intervenir en la Consulta, creó una lista de ‘autoridades duales’, un término que no existe, y que aquí no es aceptado”. La estrategia gubernamental es la misma que en el resto de los pueblos indígenas en los que se quiere imponer un megaproyecto. Explica Mario Luna: “Ellos intentan dividir a la gente entre los que son beneficiados por los programas gubernamentales y los que no tienen acceso por la situación de rebeldía en la que nos encontramos”. Por ejemplo, dice, hubo un recorte de jóvenes asesores de la tribu que daban asesoría técnica en agricultura, ganadería, pesca y promotores de programas sociales y culturales. Dieron de baja a todos los elementos que estaban al servicio de la Guardia Tradicional, que ellos no reconocían o les resultaban incómodos, como 30 asesores”.

El gobierno castiga la rebeldía de la tribu yaqui limitando la inversión en proyectos productivos, en vivienda y obra pública “dentro de los pueblos que defienden el agua”. Y lo peor, acusa Luna, “fue que el año pasado se cancelaron totalmente las becas educativas de cuatro meses como medida de presión. En enero reactivaron los programas por la presión, pero no regresaron lo que debían. Y no a todos les dan, a los que seguimos en la rebeldía no, fueron muy selectivos. Quitaron mil 700 becas en total”.

Paralelamente al recorte de presupuesto para la tribu, y a la selección de las personas o grupos a los que se apoya, el gobierno está criminalizando la protesta y persiguiendo a los representantes visibles del movimiento, como al propio Mario Luna, a Tomás Rojo, Fernando Jiménez y Gerónimo Flores, a quienes les fabricaron el delito de secuestro “que es un delito federal, aunque luego lo bajaron a privación ilegal de la libertad, con el fin de que el gobierno de Sonora pueda tener el control en el fuero común y quede en manos de la policía estatal”. El caso en cuestión, señalan las autoridades de Vícam, “es totalmente falso, pues se trata de un asunto en el que se aplicó la ley tradicional que faculta la Constitución y los tratados internacionales”.

“Por primera vez la tribu inicia una acción legal y utiliza la vía institucional para la defensa del territorio y nos llaman criminales. En la concepción de ellos ni siquiera tendríamos esa posibilidad”, afirma el secretario de Vícam. La obra del Acueducto Independencia representa para los yaquis, “una condena de muerte como pueblo”. Con una longitud de 145 kilómetros, se llevaría un volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece sed, hacia Hermosillo, capital de Sonora, donde no se necesita para el consumo humano, como dice la campaña de Padrés, sino para el abastecimiento de empresas como la Coca Cola. Sólo que olvidan que lo yaquis no son concesionarios, sino titulares de al menos el 50 por ciento de esa agua. Y por eso la resistencia.

El gobierno de Sonora no se da por vencido, por lo que los yaquis están reaccionando a su intervención en las decisiones internas “con un cambio de estrategia”. Luna refiere que empezaron ya a utilizar “mecanismos de seguridad dentro de las propias comunidades, como por ejemplo, echar abajo el argumento principal del gobierno, que es la relación con la tribu. Ellos hablaban de gobierno a gobierno, lo que quiere decir que únicamente existía una relación entre la gente del gobierno del estado y las autoridades tradicionales que representan formalmente al pueblo. Sin embargo, los que conocemos de la vida institucional del pueblo, sabemos que no es así. Una cosa es que ellos sean representantes legales y otra es que ellos, por si solos, representen el sentir del pueblo, pues ése se da en las asambleas, por consenso y no por decisiones ejecutivas de cinco firmantes. Lo que ocurrió es que las tropas de las tribus se rebelaron contra sus autoridades tradicionales y dijeron ‘aquí tus decisiones no valen si no están consensadas por las tropas de cada pueblo’”. Lo que está en juego, advierte Mario, “es la vida misma de la tribu yaqui.

El desconocimiento de sus autoridades ocurrió en varios de los pueblos entregados totalmente al sistema impuesto por el gobierno del estado. Refiere Luna que, por ejemplo, en Loma de Guamuchil, que era el centro de operación al que llegaba el gobernador, donde hacían reuniones y “repartían un montón de despensas, proyectos y dinero, la población local se cansó y dijo ‘hasta aquí’, los desconocieron en un proceso interno y cambiaron a todos. El gobierno del estado no lo asimila todavía. También pasó en Belem, y en menor grado en Tórim y Huirivis”.

Ahora, refieren desde Vícam, “el gobierno ya no tiene tanta incidencia en las autoridades tradicionales, porque no le vale cooptar a una autoridad tradicional o a un votante, cuando no se genera consenso en la asamblea. Y las autoridades tradicionales tampoco se atreverían a firmar con el antecedente que ya existe”.

La estrategia más reciente del gobernador Padrés Elías, fue el anuncio de que la Consulta a los yaquis ya había iniciado en tres pueblos (Tórim y Rahúm), donde, afirma Luna, “el gobernador tiene bastante manipuladas a las autoridades de estos pueblos, pero a las tropas no”. Hay que tomar en cuenta, advierte, “que el gobernador tiene un sistema de control muy fuerte sobre los medios de comunicación en Sonora y no hay una prensa libre que se atreva a contradecirlo, pues los pocos que lo han hecho han sufrido mucho.”

“Nosotros creemos que detrás de esta declaración, el gobierno estatal tiene la impresión de que el gobierno federal antepondrá el criterio de la inversión pública que ya está en el acueducto, para imponer el criterio de que es un hecho consumado y que ‘palo dado ni dios lo quita’; en ese sentido, quieren dar la impresión de que una parte del pueblo yaqui está dispuesta a negociar, lo que es totalmente falso, pues esos pueblos que faltan por incorporarse no se han podido reunir, ni establecer una asamblea y mucho menos generar un consenso”, señala la autoridad de Vícam, el más grande de los ocho pueblos y cabecera de la tribu.

En los medios locales se habla de la división de la tribu, pero, confirman Mario y Juan Domingo, “lo real es que este proceso de lucha aglutinó a todas las tropas de la tribu y generó a un consenso en cuanto a la defensa del territorio y el rechazo al proyecto. Esto es lo que se manifiesta en todas las reuniones”.

La resistencia al Acueducto Independencia se inició en Vícam, que por su condición de cabecera puede representar a todos los pueblos. “Hay un principio en la tribu y es que si tu pueblo no te representa, tienes la posibilidad de representarte en la principal cabecera o en la segunda”, explican los yaquis, y esto, dice, “ha legitimado la lucha al interior de la tribu”, al grado de que se han logrado reunir hasta cinco mil tropas, lo que habla de su capacidad de movilización. El gobierno, reitera Mario Luna, “necesita construir la imagen de que nosotros estamos agarrados del chongo y eso cierto”.

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