Servindi, 21 de mayo, 2014.- El juicio contra más de 50 personas, entre éstos más de veinte líderes indígenas amazónicos, puede afectar la imagen del Perú en el marco de los preparativos para la Conferencia sobre el Cambio Climático de Lima, sostuvo la institución Global Witnes.
Andrew Simms, de Global Witness, afirmó que “es una lamentable ironía que los anfitriones de una importante cumbre sobre el clima estén criminalizando a quienes intentaban evitar la destrucción de la Amazonía”.
“Los bosques tropicales constituyen una de las principales medidas de defensa frente al calentamiento global (…) A aquellas personas que arriesgan sus vidas para luchar contra la deforestación no se les debería despojar de sus derechos y su tierra ni se les debería encarcelar” añadió.
La institución instó al gobierno peruano a garantizar una vista justa, demostrar que toma en serio su compromiso de combatir el cambio climático y que reconoce el papel fundamental que desempeñan los defensores del medio ambiente en ese objetivo.
Advirtió que el gobierno tendrá dificultades para conseguirlo si encarcela a sus líderes indígenas sin llevar a cabo el debido proceso, una investigación creíble y un juicio justo.
Los acusados enfrentan condenas de cadena perpetua por su implicación en junio de 2009 en las manifestaciones de protesta en la región del Amazonas que culminaron con unas enérgicas medidas por parte del Gobierno.
Siete líderes indígenas, entre ellos algunos que no se encontraban presentes en las acciones del conflicto, se exponen a ser condenados a cadena perpetua por una supuesta incitación a la violencia.
El caso se ha convertido en el juicio más trascendente de la historia del país, y se ha caracterizado por una gran desinformación y una falta de imparcialidad en las investigaciones. (1)
El gobierno peruano intenta mostrar a la comunidad internacional que promueve los derechos de los indígenas y prepara una legislación forestal más progresista. No obstante “está procesando a los mismos líderes indígenas con los que colabora”.
Los enfrentamientos que tuvieron lugar en 2009 en las proximidades del pueblo de Bagua se saldaron con al menos 30 muertos y más de 200 heridos.
Las protestas se desencadenaron como respuesta a una serie de decretos gubernamentales aprobados sin consulta previa y con los que se pretendía restringir los derechos de los indígenas sobre sus tierras ancestrales.
En 2009 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas pidió que un comité especial independiente llevara a cabo una investigación exhaustiva de lo acaecido aquel día.
Declaró además que “el enjuiciamiento de indígenas por sus actos de protesta no debe emplearse como método para reprimir su libertad de expresión, y debe realizarse únicamente en los casos en que haya claros indicios de criminalidad”. (2)
El comité independiente cuya creación se pidió nunca llegó a constituirse, y las investigaciones preliminares se centraron excesivamente en las acciones de los indígenas en lugar de identificar la responsabilidad de los políticos y la cúpula policial.
César Gamboa, director de la asociación peruana Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), declaró que “debe llevarse ante la justicia a los verdaderos instigadores de la tragedia de junio de 2009?.
“Además, esperamos que este conflicto nos enseñe a resolver las disputas ambientales democráticamente, respetando los derechos de los pueblos indígenas, que durante siglos han tenido que padecer la explotación y el abandono», añadió Gamboa.
Global Witness elaboró recientemente un informe titulado: Deadly Environment (Medio ambiente mortal) (3) en el que indica que Perú se encuentra entre los países en los que los defensores del medio ambiente y la tierra corren un mayor riesgo de ser asesinados con la connivencia del Estado.
En el documento señala que Perú es un país de contrastes. Por un lado, cuenta con enormes reservas forestales, frágiles ecosistemas e importantes cuencas hidrográficas en las regiones de los Andes y el Amazonas, y alberga a más de 60 pueblos indígenas diferentes.
Por otro lado, la prospección minera y petrolífera han impulsado un crecimiento económico vertiginoso, que ha desencadenado numerosos conflictos por el acaparamiento de tierras, la deforestación y la contaminación del agua.
Entre 2012 y 2013 al menos 21 civiles murieron o fueron asesinados como consecuencia de estas disputas, y las comunidades indígenas fueron las más afectadas.
Notas:
(1) http://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/files/2012/05/2011Cuadernodetrabajo13.pdf
(2) http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14170&LangID=E
(3) El resumen en español del informe puede consultarse aquí.
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