Servindi – El retiro de la ley Monsanto sobre privatización de las semillas campesinas y la no adhesión al Convenio UPOV 91 sobre protección de obtenciones vegetales es celebrado por la ciudadanía chilena que se movilizó activamente en defensa de la producción agroecológica y la agricultura familiar campesina.
La presión fue generada por un amplio movimiento en el campo y la ciudad en defensa de semillas libres de patentes, transgénicos y plaguicidas articulado en la Campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, RAP-Chile.
La Presidenta Bachelet y su coalición de gobierno anunció el 17 de marzo el retiro del proyecto conocido como ley Monsanto y que fue enviado al parlamento en 2009 por la propia presidenta durante su gestión anterior.
La iniciativa legal pretendía entregar a empresas transnacionales como Monsanto, Syngenta, Pioneer/Dupont y Bayer, productoras de semillas híbridas y transgénicas, amplias garantías a costa de los derechos de los campesinos y campesinas y del patrimonio genético del país.
La campaña desplegó masivas movilizaciones, intercambios de semillas, y un despliegue de recursos visuales por las redes sociales.
Un rol especial tuvieron las mujeres campesinas e indígenas, los agricultores biodinámicos, junto a organizaciones socio-ambientales, indígenas y de consumidores, y familias- todos ellos interesados en optar por alimentos sanos y seguros. Estos formaron el corazón del movimiento de defensa de la semilla.
Cabe destacar que en los últimos años en Chile se ha fortalecido el redescubrimiento del valor de la agricultura familiar campesina, y de la agroecología como alternativas reales para enfrentar problemas como el cambio climático, y la necesidad de contar con más y mejores alimentos para la población.
Agua, tierra y semillas son componentes esenciales para lograr la soberanía alimentaria, objetivo perseguido por la campaña Yo no quiero transgénicos en Chile, entendido como el derecho de todos y todas a decidir libremente sobre los alimentos que consumen, considerando la cultura tradicional y sin que esto quede en manos de las transnacionales que monopolizan el comercio de la semilla.
La ex senadora Ximena Rincón, actual ministra secretaria general de gobierno, encabezó en el Senado la oposición al proyecto de ley y gracias a la vigilancia ciudadana una mayoría de legisladores se informó y unió a la oposición de la norma.
La organización internacional Vía Campesina celebró la decisión la cual consideró un triunfo del movimiento ciudadano y advirtió que hay que tener presente que el peligro de UPOV 91 no ha terminado pues el gobierno “se ha comprometido a desarrollar un nuevo proyecto de ley escuchando a los distintos sectores involucrados y afectados”.
Al respecto indicó que “no nos cabe duda de que las empresas harán millonarias campañas de lobby y de desinformación, incluso de cooptación de organizaciones, a través de las cuales esperan seguir difundiendo sus mitos, amenazas y mentiras” puntualizó.
El senador Alejandro Navarro, presidente del Partido MAS, expresó: “esto no acaba aquí, pues el análisis anunciado por el ejecutivo requiere de consulta indígena. Piñera fue un maestro en realizar consultas indígenas mal hechas, campeón en llamar a dialogar sólo a quienes aprobaban sus proyectos, sin respetar los requisitos de la consulta tal como lo disponen los tratados internacionales”.
“Así ocurrió con la ley de pesca, con la ley de fomento forestal y con la ley de concesiones eléctricas. Espero que como Nueva Mayoría no hagamos lo mismo, consultas indígenas fraudulentas, pegándonos avivadas contra los derechos de los pueblos indígenas” aseveró Navarro.
Convenio UPOV
El movimiento ciudadano denunció un lobby ejercido por Monsanto desde hace seis años a favor que Chile suscriba el Convenio UPOV 91, un tratado promovido por el sector privado y que se actualiza periódicamente para generar mayores ganancias a las empresas.
Indican que dicho convenio no ha nacido bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y varios de los países que registran sus semillas híbridas en Chile, tales como Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica no están adscritos al UPOV 91.
Tampoco lo están países que valoran altamente su patrimonio genético como Brasil, Perú y China, por lo que es innecesario firmar la actualización del año 1991 (UPOV 91) de ese convenio.
Propuesta de Ley de Semillas
El propósito de la ciudadanía chilena es gestar una nueva Ley de Semillas que permita avanzar hacia la soberanía alimentaria, estableciendo programas de producción y distribución de semillas campesinas locales.
La norma debe permitir la comercialización de las semillas campesinas locales, reconociendo el rol y autonomía de las comunidades en la recuperación de las semillas tradicionales para el campo y los huertos urbanos.
La propuesta ciudadana propone además respaldar la moratoria a los cultivos transgénicos como una forma de proteger la biodiversidad y el etiquetado de los alimentos con transgénicos, que consagra el derecho de los consumidores a optar por alimentos sanos.
Otro aspecto concierne a eliminar del registro del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) y dañinos para las abejas.
Asimismo, apoyar en cada región de Chile la creación de ferias locales y poderes de compra de los organismos del Estado, tales como hospitales y escuelas, para permitir el abastecimiento de la población con alimentos agroecológicos producidos en forma sana y sin agrotóxicos.
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