Servindi – Masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento y reclutamiento forzado de la población indígena Awá fueron denunciados en un evento paralelo realizado el lunes 10 de marzo en el marco de la 25 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebra en Ginebra, Suiza.
Francisco Javier Cortes Guanga, delegado de la Gran Familia del Pueblo Awá Binacional, que habita en Colombia y Ecuador, explicó la grave crisis humanitaria y ambiental que vive el pueblo indígena con mayor riesgo de extinción física y cultural de Colombia.
“Mientras el Pueblo Awá tiene un Plan de Vida, el gobierno colombiano tiene un plan de exterminio físicio y cultural para nuestro pueblo” indicó el vocero Awá.
Cortes presentó el Informe sobre el Exterminio del Pueblo Awá ante funcionarios de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales suizas defensoras de los derechos humanos y delegados delegados internacionales de diferentes pueblos indígenas.
La presentación del informe ha sido la primera actividad de la agenda que cumple esta semana el líder indígena que ha llegado a Ginebra desde Colombia en representación de las cuatro organizaciones del pueblo Awá: la UNIPA, ACIPAP, CAMAWARI y GONAE.
Según el informe “innumerables han sido las afectaciones y violaciones a los DD.HH y al derecho internacional humanitario que ha venido padeciendo” el pueblo Awá, especialmente en el marco del conflicto armado interno colombiano que se desarrolla en sus territorios.
Ello conduce al pueblo Awá a experimentar situaciones como el confinamiento en su propio territorio por los actores armados debido a la siembra de minas antipersonales amenazando la vida de la población.
Los gobiernos de Colombia y Ecuador están desconociendo el territorio ancestral Awá, el derecho a la posesión milenaria del mismo y el ejercicio del gobierno propio con autonomía indicó Cortes Guanga.
El informe denuncia que “entre 2011 y 2013 hemos tenido 51 homicidios: 23 en 2011; 11 en 2012 y 17 en 2013. El año anterior a estos, el 2010, los homicidios fueron 25” y “8 desaparecidos en estos tres años”, lo que lleva a los Awás a vivir una “situación de emergencia”.
Francisco Javier denunció la “violación constante de su derecho como pueblo a la consulta libre, previa e informada, en todos los temas que se ven afectados por las actuaciones del Estado y empresas en su territorio”.
También destacó el caso de las constantes fumigaciones de glifosfato que “contaminan las fuentes de agua, destruyen los cultivos de pan coger y causan múltiples enfermedades a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas”.
Ya se han registrado varios casos de menores indígenas fallecidos por desnutrición.
La denuncia se entregó a varias entidades de las Naciones Unidas como la Oficina del Relator Especial para Pueblos Indígenas, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACDH) y la Unidad de Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En ella se pone de manifiesto el incumplimiento por parte del Estado colombiano de diferentes acciones legales emprendidas por la Corte Constitucional de este país, como el Auto 004 del 2009, el 174 del 2011 o las Medidas Cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el Auto 004 la Corte concluye en que “no cabe duda de que el pueblo Awá atraviesa por una crisis humanitaria de proporciones desmesuradas y sin antecedentes en la historia de los pueblos indígenas colombianos, que les pone en claro riesgo de exterminio por el conflicto armado.”
La Corte ordenó al gobierno nacional a elaborar un Plan de Salvaguarda Étnico para enfrentar esa situación pero aún no se ha cumplido.