“Las reformas en las instituciones internacionales como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) deben aprovecharse para hacer avanzar la causa de los campesinos y pequeños agricultores. Lo cierto es que ninguna política, ya sea a nivel nacional o internacional tiene realmente en cuenta los intereses de este colectivo, así que somos nosotros los que tenemos que decir lo que necesitamos” – Ibrahim Coulibaly, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOP por sus siglas en francés) de Malí.
Hay una cierta emoción en La Via Campesina acerca de las evoluciones recientes en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El 4 de octubre de 2013, el Director General de la FAO, Jose Graziano da Silva, formalizó la relación entre ambas organizaciones a través de un acuerdo de colaboración, reconociendo a La Via Campesina como la más importante representante de los pequeños productores de alimentos de todo el mundo.
Este es un paso más del que alegrarse de una serie de reformas en curso en la FAO, que han creado un espacio único y sin precedentes para colaborar con la sociedad civil y democratizar el escenario de las políticas alimentarias mundiales. La Via Campesina se ha involucrado diligentemente en estas reformas para promover la soberanía alimentaria.
Estas reformas tienen por fin darle a la FAO no solo una mayor legitimidad política, haciéndola más inclusiva, sino también devolverla a su calidad de piedra angular de la cooperación internacional en el área de la seguridad alimentaria, empezando a tomar de las manos del Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del Comercio (OMC) este tipo de decisiones acerca de políticas. Si bien esta evolución es bienvenida, el movimiento campesino mundial no deja de ser realista en cuanto a la cantidad de esfuerzo que debería dedicar a la ONU, manteniendo al mismo tiempo su punto fuerte sobre el terreno, movilizando agricultores y construyendo alternativas.
Una institución importante que también fue reformado dentro del proceso de reforma de la FAO es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). Es un órgano intergubernamental aparte, y a día de hoy constituye el espacio clave para la alimentación y la agricultura en el sistema de la ONU. Sus decisiones las pone en práctica la FAO, así como otras instituciones de la ONU relacionadas con la alimentación, tales como el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR por sus siglas en inglés).
Fundado inicialmente en 1974, con el tiempo este espacio se vio descuidado y perdió cualquier impacto sobre la gobernanza agrícola mundial, que a los estados les parece más adecuado dejar en manos de otras instituciones como el BM o la OMC. La sociedad civil y los agricultores siempre se opusieron a este control de las políticas alimentarias por parte de organizaciones financieras y comerciales que, a sus ojos, no tendrían cualquier legitimidad para hablar del hambre.
En primer lugar, porque representan los intereses del agronegocio y el comercio en vez de los de los pequeños agricultores o los malnutridos. De hecho, la crisis alimentaria mundial de 2008, que hizo pasar hambre a millones, fue principalmente resultado del acaparamiento y la especulación características de un sistema alimentario de mercado libre controlado por el agronegocio. Fue una crisis de precios, más que el resultado de una falta real de alimentos. La crisis colocó el tema de los alimentos y la agricultura en un lugar preeminente en las preocupaciones políticas internacionales, dando otro empujón importante a la reforma del CSA. En segundo lugar, estas instituciones son antidemocráticas. Están controladas por los países ricos de la OCDE, tales como Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, entre otros. La sociedad civil no tiene voz aquí. Estás razones hacían tanto más importante quitarles el control de las cuestiones alimentarias y darlo a un espacio en el que la gente y los gobiernos pudiesen de facto colaborar para acabar con el hambre, en lugar de sacar provecho de ella.
Las intensas negociaciones en 2009, con una fuerte presión por parte de la sociedad civil y el apoyo de algunos gobiernos progresistas consiguieron al fin una reorganización del CSA para convertirlo en el espacio intergubernamental clave en el sistema de Naciones Unidas que goza de reconocimiento. En esta nueva estructura del CSA, la sociedad civil tiene ahora un papel reconocido oficialmente que le permite participar en pie de igualdad con los gobiernos en reuniones y negociaciones gubernamentales. Pese a que no se le permite votar, tiene la posibilidad de ejercer su influencia en debates y recordar a los gobiernos sus compromisos. Para obtener el mejor asesoramiento técnico, el CSA ha establecido asimismo un Panel de Expertos de Alto Nivel (HLPE por sus siglas en inglés). Un órgano constituido no solo por expertos y académicos, sino también por personas con conocimiento empírico, tales como los propios agricultores, que redactarían informes acerca de diferentes asuntos para dar información de fondo y análisis. El CSA reconoce la autonomía de la sociedad civil, que puede escoger a sus propios representantes y su propio mecanismo para organizar su participación. Se organiza bajo el paraguas del Mecanismo de la Sociedad Civil (CSM por sus siglas en inglées), que tiene 41 miembros de diferentes circunscripciones en el comité de coordinación, incluyendo 4 para los grupos de agricultores.
La importancia del CSA está creciendo. Se ha dado una participación diligente por parte de los gobiernos en las sesiones recientes y la presencia de ONG y del sector privado ha aumentado igualmente. Pero el camino hasta allí no ha sido todo rosas para los movimientos sociales. Es importante recalcar que entre los actores reconocidos por el CSA se cuentan también fundaciones privadas, corporaciones, grandes ONG, el BM y la OMC, lo cual hace que sea todavía más importante para los pequeños agricultores el ocupar este espacio y promover políticas progresistas para la soberanía alimentaria. El año pasado, en la 39 sesión del CSA, el G20 también se acercó a este órgano para hacerle adoptar su posición en cuanto a la volatilidad de los precios. Que se sepa que la delegación de la sociedad civil abandonó la sesión plenaria cuando un CSA claudicante adoptó esta posición sobre la volatilidad de los precios. La posición del G20 contrastaba con las peticiones de la sociedad civil de una regulación estricta de los mercados de futuros, a los que se veía como contribuyentes a la volatilidad de precios y la inseguridad alimentaria en los países más pobres.
También ha habido algunas victorias parciales. En mayo de 2012, el CSA adoptó las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de Posesión de Tierras, Pesquerías y Bosques, lo cual demostró que el CSA es capaz de llevar a término con éxito una consulta entre estados a través de un proceso abierto también a la sociedad civil. La Via Campesina lamenta que el documento tenga algunas carencias, por ejemplo, su carácter no vinculante y el hecho de que no se pueda sancionar a ningún estado. Las grandes adquisiciones de tierras quedan más reguladas que prohibidas. Aun así, este texto da algún poder a la gente para oponerse a la tendencia de acaparamiento de recursos, sobre la premisa fundamental de los derechos humanos. Se trata de un texto progresista que incluye principios como el consentimiento previo informado, el recurso a la justicia, la transparencia, el respeto de la dignidad humana, la igualdad de género, el reconocimiento de los derechos consuetudinarios, sistemas de tenencia para el uso comunal de la tierra, así como derechos legítimos de ocupación que todavía no gozan de protección jurídica. Acaba con el monopolio del Banco Mundial en la definición de políticas relacionadas con el suelo, lo cual es un logro significativo. Este fue un momento histórico, puesto que el CSA rechazó los Principios para la Inversión Agrícola Responsable (PRAI por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, que éste había intentado proponer como base para las políticas sobre el suelo. Este es un marco político en el que ni el BM ni la OMC han conseguido imponer su visión.
Actualmente, el CSA se reúne en su cuadragésima sesión en Roma del 7 al 11 de octubre, para debatir asuntos clave como la inversión agrícola. LVC está presente y pone en tela de juicio lo que de positivo se dice acerca de las inversiones a gran escala, que más bien sirven para legitimar el acaparamiento de tierras y que expulsan a los agricultores de sus tierras para promover proyectos orientados a la exportación como los de agrocomestibles. Este tipo de tendencia hace aumentar el hambre y la inseguridad alimentaria. La Via Campesina defiende que las políticas destinadas a reforzar la producción alimentaria deberían apoyar inversiones por parte de los propios pequeños productores de alimentos. En palabras de Elizabeth Mpofu, coordinadora general de LVC: “ las inversiones agrícolas de los pequeños agricultores deberían ser reconocidas como la contribución más importante en la producción alimentaria para erradicar el hambre.”
Pese a que estas reformas para la inclusión de la sociedad civil son bienvenidas, ha habido muchos debates en el movimiento acerca de la cantidad de energía que debería destinarse a estas políticas institucionales, en relación con una acción concentrada en movilizaciones, posicionamiento de confrontación y construcción de alternativas. La Via Campesina se ha involucrado desde el principio en este proceso, tanto desde dentro de las propias negociaciones, como desde fuera, llevando a cabo acciones, y manteniendo su genuino carácter de movimiento social. El movimiento considera importante ocupar estos espacios, llevando el poder de los ciudadanos al reino de la política institucional e interactuando con gobiernos de forma más pragmática para promover sus objetivos. Pese a todo, es también consciente de las limitaciones de la política, teniendo en cuenta el impacto limitado que se puede obtener, y los recursos ingentes que son necesarios para formar parte de este tipo de espacio, tanto desde el punto de vista humano y técnico como financiero, cargas difíciles de soportar para un movimiento social. Tampoco los miembros de La Via Campesina están acostumbrados a este tipo de escenario tecnocrático. Pese a reconocer su importancia, recalcan la necesidad de conseguir un equilibrio entre este trabajo y sus compromisos en sus países de origen. Angel Strappazon, líder argentino de La Via Campesina, explica que “ estar ahí supone un sacrificio para nuestras comunidades y organizaciones… es un sacrificio, pero también una responsabilidad. Una tarea difícil pero feliz, ya que esperamos que, gracias a nuestra energía y nuestra dedicación conseguiremos hacer cambiar de opinión a los gobiernos y a la gente”.
Así pues, mientras que el CSA representa una oportunidad para la sociedad civil, La Via Campesina cree que tendrá que tomar decisiones más concretas para ganar credibilidad política a ojos de los movimientos sociales. Mientras el trabajo institucional continua, las movilizaciones de campesinos en defensa de sus derechos y la construcción de alternativas en ese ámbito siguen siendo la principal estrategia del movimiento campesino internacional.
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