El asesinato de Rodrigo, parte de la persecución al pueblo mapuche

Rodrigo Melinao era un joven de 26 años, padre de familia y activo miembro de su comunidad y de la lucha de su pueblo por la recuperación del territorio ancestral mapuche, hoy en manos de empresas forestales y latifundistas

Sergio Millaman – Desinformémonos

Territorio mapuche. Rodrigo Melinao Lincan, miembro de la comunidad mapuche Rayen mapu, de Malleco, territorio ancestral mapuche que hoy es parte de la IX región del Estado de Chile, fue encontrado muerto el martes 6 de agosto, abandonado en un camino rural. Integrantes de su comunidad fueron los primeros en hallarlo y dieron inmediata cuenta a sus autoridades tradicionales, quienes decidieron no permitir que el cuerpo de Rodrigo sea retirado por las policías chilenas para ser periciado, mientras no interviniera el párroco de la Comuna de Ercilla, a quien se le solicitó actuara como ministro de fe, y así evitar cualquier alteración del sitio del suceso y del cuerpo de Rodrigo por parte de los organismos policiales. Los primeros peritajes dan cuenta que la causa de muerte sería una herida por bala de escopeta que penetró el pecho de este joven mapuche, la cual se percuto a corta distancia. No hay mayores antecedentes ni indicios que permitan aún determinar la identidad del autor de este fatal disparo.

Rodrigo Melinao era un joven de 26 años, padre de familia y activo miembro de su comunidad y de la lucha de su pueblo por la recuperación del territorio ancestral mapuche, hoy en manos de empresas forestales y latifundistas. Esta actitud incansable de lucha, le significó a Rodrigo ser perseguido por la justicia. Al momento de su muerte estaba pendiente un juicio penal en su contra por el incendio de un predio forestal. En primera instancia fue condenado a cinco años de cárcel, siendo la principal prueba en su contra la declaración de un testigo protegido, es decir el testimonio de una persona cuya identidad fue ocultada por la fiscalía y el tribunal a la defensa de Rodrigo, vulnerando en forma grosera el debido proceso y el derecho de defensa. Días antes de su muerte, los abogado defensores habían interpuesto un recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria, por lo que esta causa seguía pendiente, manteniéndose Rodrigo con medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal.

Hasta el momento no hay mayores antecedentes de los autores del fatal disparo. Las autoridades de gobierno y el alto mando de la policía se han encargado rápidamente, sin ninguna investigación previa, de descartar la participación de policías o de cualquier agente del Estado en este crimen. Además han llamado a la calma, tomando una indiferente y fría distancia con este doloroso hecho, actitud gubernamental que ha sido criticada por las comunidades mapuche y organismo de derechos humanos. Cuando en la madrugada del cuatro de enero del presente año, muere un matrimonio de terratenientes en el incendio de su casa patronal, el gobierno, las policías y la prensa no dudaron un segundo en calificar el hecho como terrorismo, atribuir la autoría sin ninguna investigación a organizaciones mapuche, además de desplegar una amplia gama de recursos públicos para asistir a la familia de las víctimas de dicho incendio y perseguir a los responsables. Sin duda, una actitud radicalmente distinta cuando la víctima es un joven mapuche, pobre y miembro de una comunidad que durante la última década ha elevado su voz a los cuatro vientos exigiendo y luchando por la restitución de su territorio ancestral, usurpado por empresas forestales y latifundistas.

Las primeras reacciones de la familia y comunidad de Rodrigo fue atribuirle responsabilidad de esta muerte a la policía chilena. Esta actitud fue calificada por algunos medios de comunicación y por las autoridades de gobierno como destemplada y sin mayor fundamento. Pero en una zona altamente militarizada, donde existe permanentes allanamientos contras las comunidades mapuche en resistencia, como la Rayen Mapu, en una zona donde existen controles y patrullajes policiales las 24 horas del día, resulta extraño que los primeros en encontrar el cuerpo de este joven luchador mapuche abandonado a la orilla de un camino, sean otros miembros de su comunidad, que los últimos en llegar al sitio del suceso, sea la misma policía que controla militarmente dicho territorio. Las policías, el gobierno y el ministerio público, sin ninguna investigación previa descartaron la participación de policías en esta muerte. Actitud nada sorprendente, ya que este comportamiento para encubrir o justificar la violencia policial contra el pueblo mapuche se ha repetido durante las últimas décadas. Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio han muerto a manos de funcionarios policiales, quienes recibieron todo la protección del Estado, dejando hasta el día de hoy en la impunidad dichos crímenes o recibiendo penas ridículas.

La familia de Matías Catrileo, mediante un comunicado manifestó su solidaridad con la familia y comunidad de Rodrigo, señalando “que los asesinatos, las torturas, los secuestros, encarcelamientos y constantes allanamientos son parte del grotesco, deshumanizado y sistemático actuar del estado chileno frente a las justas y legítimas demandas político territoriales de nuestro pueblo mapuche, demandas que ningún gobierno ha sido capaz de aceptar.” A su vez, comunidades del territorio Malleco, señalaron que “este cobarde asesinato no es sino la consecuencia de la militarización de nuestro territorio, la cual hemos venido denunciando y no hemos sido escuchados. El propio relator especial de las Naciones Unidas, en reciente visita a Chile y al Wallmapu, señaló que los niveles de represión que sufren las comunidades es insostenible y que por ello se justifican las acciones que llevemos adelante en pos de la protección de nuestros niños, mujeres y ancianos”. Las comunidades mapuche han sido y son víctimas de la violencia estatal, existe un contexto de violencia contra las legítimas demandas del pueblo, contexto en el cual se enmarca la muerte de Rodrigo Melinao.

En las últimas horas han surgido antecedentes que apuntan a la responsabilidad en la muerte a miembros de otra comunidad mapuche del mismo territorio, que en los últimos años ha participado del Área de Desarrollo Indígena (ADI), programa gubernamental que focaliza políticas de asistencia social, política pública cuestionada por su carácter asistencialista que desde su implementación en el territorio de Malleco ha generado división entre las comunidades. Sin duda estas denuncias se deben investigar, pero esta situación no aleja la muerte de Rodrigo Melinao del contexto de violencia estatal que impera en el territorio mapuche de Malleco. El estado se ha encargado de generar divisiones y rencillas entre las comunidades, ha buscado sembrar cizaña que tarde o temprano puede rendir sus frutos.

La muerte de Rodrigo Melinao ocurre a días de finalizar la misión del relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson. Luego de reunirse con autoridades de gobierno, del poder judicial, organizaciones de derechos humanos, representantes de latifundistas y forestales afectados por hechos de violencia, además de comunidades mapuche, concluyó en su declaración final, que la situación en territorio mapuche es “volátil y probable de convertirse en un conflicto regional de gran envergadura salvo que se tomen acciones urgentes para abordar, no solamente las manifestaciones de la violencia, sino sus causas de raíz.” La restitución del territorio usurpado, el respeto al derecho a la autodeterminación del pueblo mapuche, el término de la invasión de la industria forestal y de otros proyectos de inversión, son parte de las causas de raíz y demandas históricas del pueblo mapuche, que han motivado las permanentes movilizaciones y actos de protesta social de las comunidades mapuche, que han sido calificadas de violencia y terrorismo por las autoridades de turno. El Relator Emmerson, al igual que otros importantes organismos del sistema internacional de derechos humanos, le vuelven a señalar al Estado Chileno y sus autoridades, que en Chile no existe terrorismo. Existe sin duda violencia, siendo su principal responsable el mismo estado. Lamentablemente existe la triste convicción que pueden haber nuevos Rodrigo Meliano, nuevas víctimas de este contexto de violencia, que surge como la principal respuesta de un Estado funcional a los intereses de las empresas forestales, latifundistas, hidroeléctricas, salmoneras, mineras, y una infinidad de otros intereses económicos que llevan más de 150 años invadiendo y despojando al pueblo mapuche de su territorio.

Con la muerte de Rodrigo Melinao, vuelve a la palestra pública las demandas históricas del pueblo mapuche, y el Estado vuelve a responder con indiferencia, y seguramente con más violencia. El resto de la sociedad chilena, reacciona con su habitual indiferencia. Mientras tanto los usurpadores, más allá de sus habituales alegatos y llantos con los que se victimizan públicamente, seguirán enriqueciéndose a costa del territorio que usurpado a las abuelos, los padres y los hijos de Rodrigo Melinao.