México: Los rarámuri de Chihuahua, en búsqueda del reconocimiento territorial

Comunidades tarahumaras operan para lograr el reconocimiento de sus territorios ancestrales, ante el despojo de sus tierras y la imposición de modelos de desarrollo forestal y turístico ajenos a su visión y necesidades.

Isela González Díaz

El encuentro entre pueblos originarios de Chihuahua refuerza la lucha por el reconocimiento de sus territorios ancestrales ante la explotación forestal y turística, que solamente ha dejado beneficios a los caciques y políticos mestizos. El episodio más reciente de la defensa llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la segunda semana de marzo.

Los rarámuri lograron que se suspendan los permisos de aprovechamiento forestal en su territorio. Además, ante la Comisión Interamericana  de  Derechos Humanos expusieron la problemática que enfrentan por la falta del reconocimiento a su territorio ancestral y el impacto que sufren frente a los modelos de extracción forestal. El gobierno mexicano no tuvo respuesta para las demandas de las comunidades, que se sitúan entre las más empobrecidas de México.

La Sierra Tarahumara

La región conocida como Sierra Tarahumara está conformada por 18 municipios con importante presencia indígena, y se localiza al oeste y suroeste del estado de Chihuahua. La componen altas cumbres y profundos barrancos cuya extensión cubre cerca de 60 mil kilómetros cuadrados (23 mil 166 millas cuadradas). En este territorio conviven poco más de 240 mil personas, de las cuales más de la mitad pertenecen a los cuatro pueblos indígenas del estado: ódami o más conocidos como tepehuanes, warijó o guarojíos, o´oba o pimas y rarámuri o tarahumaras, siendo estos últimos más de 88 mil personas.

El paisaje se conforma por elevadas cadenas montañosas que contrastan con la profundidad de las barrancas. Las primeras se conocen comúnmente como sierra o cumbre y tienen altitudes superiores a los 2 mil metros sobre el nivel del mar. Un caso excepcional es el cerro Mohinora,  ubicado en el municipio de Guadalupe y Calvo, con altitud de 3 mil 350 metros sobre el nivel del mar en la parte más alta[1] ^[1].

Los nichos ecológicos[2] ^[2] se caracterizan por bosques de coníferas, pino-encino y selva baja caducifolia. La comunidad de pino-encino de la Sierra comienza entre los mil 500 y mil 800 metros de elevación, mientras que su elevación inferior está conformada por tierras cubiertas de encinos. Gradualmente hay una transición hacia una comunidad mixta de coníferas. Estos nichos ecológicos albergan a los pueblos originarios del estado de Chihuahua, además de población mestiza.

La belleza de los paisajes conformados en las diversas épocas del año, así como la intensa vida cultural de los rarámuri, se convierten en el principal atractivo turístico de la región.

Organización territorial indígena

En la Sierra Tarahumara, además de las formas de propiedad territorial del Estado mexicano -terrenos nacionales, propiedad privada y núcleos agrarios (ejidos y comunidades agrarias)-, continúa vigente la organización en la que los pueblos indígenas delimitan el espacio en el que reproducen su cultura material y simbólica. En algunos casos, esta forma de organización territorial se adapta geográficamente a la conformación del ejido[3] ^[3]; en otros casos, sobrepasa los límites ejidales, de comunidades agrarias e incluso los municipios.

La vasta geografía serrana y la ubicación de los recursos existentes definen un patrón de asentamiento disperso, con cientos de localidades distantes entre sí y con baja densidad poblacional. La dispersión de los asentamientos no significa que estén aislados, por lo menos, en los casos  ódami[4] ^[4] y rarámuri. Las relaciones sociales y políticas se desarrollan a través del modelo de pueblo, rancho y ranchería.

El pueblo es el lugar de reunión de las autoridades indígenas, es el centro jurídico ceremonial; ahí se toman las decisiones colectivas, se realizan las fiestas en torno al ciclo agrícola y ritual, se realizan juicios y se imparte justicia de acuerdo al sistema normativo interno. En la ranchería habitan tres o más familias, generalmente con algún tipo de relación parental. Finalmente, en los ranchos  podemos encontrar una o dos viviendas habitadas por la familia nuclear y extensa.

Fernández y Urteaga son dos estudiosos con un gran acercamiento a la visión rarámuri de territorio étnico. Fernández define el territorio como:

Espacio delimitado por la apropiación física o simbólica que sus habitantes construyen viven y representan; esta apropiación se plasma en el uso cotidiano del territorio. Por ello, el territorio es aquel espacio donde un grupo reproduce una cultura en particular; es decir, donde los actores se encuentran ligados a una identidad compartida y reconocen el lugar al que se adscriben y al que pertenecen. El concepto de territorio no sólo se ubica en el plano de las ideas, sino también en el de las prácticas; de ahí que la visión del territorio se relacione con la reproducción cultural y la reafirmación cotidiana de un grupo como tal en su devenir histórico (2007:29).

Por otra parte, Urteaga lo define como:

Un mapa imaginario del grupo, que abarca la percepción y dimensionalidad que éste le otorga al espacio en que ancestralmente reside, usufructúa y ocupa; por eso mismo, el territorio étnico no coincide necesariamente con el territorio ejidal o  comunal (1992).

Estas definiciones sobre el territorio se encuentran estrechamente vinculadas al patrón de asentamiento, al sistema político, a las relaciones parentales y al trabajo colectivo.

El territorio rarámuri no necesariamente está definido con señalamientos específicos, pero sí por otros elementos centrales para su cultura: el uso y manejo tradicional de los recursos naturales -como áreas de caza, pesca, recolección de plantas, pastoreo, tierras agrícolas temporales y permanentes-, sitios sagrados y ceremoniales, características ecológicas de las zonas de residencia y migración estacional y sus relaciones con vecinos rarámuri y de otros pueblos.

A lo largo y ancho del territorio, cada familia, con sus redes sociales y culturales, realiza ceremonias cotidianas para mantener el equilibrio entre Onorúame (Dios) y la naturaleza para la protección de la salud y el bienestar de todo lo que, desde la visión rarámuri, se considera ser vivo: humanos, animales, plantas, suelos, agua, aire y clima.

La imposición de los modelos de desarrollo

La riqueza de sus bosques y la belleza de los paisajes han facilitado la imposición, por parte del Estado mexicano, de “modelos de desarrollo” ajenos a la cosmovisión indígena. De esta forma, a partir de la última década del siglo diecinueve se aplicó el modelo de explotación forestal. Desde los últimos 20 años del siglo veinte y hasta la actualidad, el modelo de desarrollo en boga es el turístico.

El primero sólo generó riqueza a unas cuantas familias de industriales madereros, funcionarios de gobierno del sector agrario y ambiental, ingenieros forestales y a caciques mestizos. La explotación de la belleza escénica y cultural del siglo veintiuno se enmarca en el proyecto turístico Barrancas del Cobre, que sólo beneficia a un grupo de políticos convertidos en inversionistas, bajo el amparo del poder público federal y estatal.

Las condiciones de marginación económica y social en la que sobrevive la población indígena contrastan fuertemente con la riqueza que generan sus territorios y recursos naturales, pues de acuerdo al estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar en desigualdad interétnica: entre los 10 municipios con población indígena con menor índice de desarrollo humano (IDH), los seis más bajos se encuentran en la Sierra Tarahumara. El mismo estudio refiere que más del 70 por ciento de la población indígena no tiene acceso a los servicios de salud y un porcentaje similar es analfabeta. Chihuahua también se coloca en el primer lugar de los cuatro estados (Nayarit, Guerrero y Chiapas) con el nivel más bajo de sobrevivencia indígena.

Por otra parte, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre las 10 localidades con mayor rezago social del país, 3 se encuentran en los municipios serranos de Batopilas, Guadalupe y Calvo y Chínipas.

La resistencia

Los rarámuri de los pueblos Coloradas de la Virgen y Choréachi, enclavados en el municipio de Guadalupe y Calvo, tienen casi tres décadas luchando por el reconocimiento legal de la posesión ancestral de su territorio. Con acciones legales, administrativas y movilizaciones en la ciudad de Chihuahua, lograron que el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 5, dictara una orden de suspensión de los permisos para aprovechamiento forestal, otorgados de forma ilegal por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). De esta forma y desde el 2007, han logrado proteger dos de los pocos reductos de bosque virgen de pino-encino que existen en la Sierra Tarahumara.

Del expediente histórico en resguardo del Registro Agrario Nacional (RAN), se desprende que los rarámuri de Choréachi recibieron el ejido en 1967. Desde esa época han denunciado la pretensión de los mestizos de Coloradas de los Chávez por apoderarse del recurso forestal. El análisis de los documentos contenidos en el expediente muestra claramente la complicidad -por acción u omisión- de representantes de las instituciones agrarias y del sector ambiental, que han favorecido a  la comunidad agraria Coloradas de los Chávez.

Los rarámuri de Coloradas de la Virgen, desde tiempo ancestral, poseen casi 50 mil hectáreas conformadas por ecosistemas de cumbre y barranca. De acuerdo a la organización territorial de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, la delimitación de su territorio étnico fue invadida por la conformación de los municipios Morelos y Guadalupe y Calvo.

En la década de los sesenta del siglo pasado, con acciones provenientes del reparto agrario, les fue impuesto el Ejido Coloradas y la comunidad agraria Las Coloradas. A la delimitación del ejido le correspondieron casi 24 mil hectáreas y a la comunidad agraria cerca de 25 mil. El primero está enclavado en la zona con riqueza forestal de pino-encino, mientras que la comunidad se ubica en la zona barranqueña, con escaso  recurso forestal. No es casual que el censo de la comunidad agraria esté compuesto por los indígenas rarámuri y el del ejido lo integren, en su mayoría, miembros de una familia mestiza y sus empleados mestizos y rarámuri. Quizá los rarámuri de Coloradas de la Virgen sean los que hayan enfrentado la forma de cacicazgo más violento en la Sierra Tarahumara.

Del expediente histórico agrario se desprende información de que la apropiación del control del Ejido Coloradas por parte de una familia mestiza no hubiera sido posible sin la complicidad de representantes locales de la extinta Secretaría de  Reforma Agraria (SRA).

Actualmente, la lucha jurídica de los dos pueblos se realiza ante el Tribunal Unitario Distrito 5, con sede en la ciudad de Chihuahua. Además de otras pruebas, se ofrecieron peritajes topográficos, antropológicos y lingüísticos. Estos dos últimos demuestran su preexistencia al Estado-nación.

La determinación y organización en la lucha para la defensa del territorio y naturales de los indígenas de Coloradas de la Virgen y Choréachi son casos emblemáticos para otros pueblos que persiguen la misma causa.

La unidad en la lucha

En octubre del 2010, Alianza Sierra Madre (ASMAC), organización que acompaña y brinda asesoría jurídica a los rarámuri de Choréachi y Coloradas de la Virgen, convocó al primer foro indígena sobre defensa de los derechos territoriales en la Sierra Tarahumara, que se convirtió en un espacio de reflexión colectiva en el que representantes y autoridades indígenas de los  pueblos rarámuri Bakajípare, Huitosachi y Mogotavo, del Municipio de Urique, así como del pueblo ódami  de Mala Noche, del municipio Guadalupe y Calvo, compartieron su visión acerca de la problemática que les es común, los obstáculos que enfrentan para defender su territorio y la legislación existente.

La experiencia se repitió en 2011 y 2013, con el encuentro entre pueblos indígenas que luchan por el reconocimiento legal de sus territorios y por el acceso preferente a los recursos naturales.

Los encuentros también sirvieron para que ASMAC y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), organización que acompaña y asesora jurídicamente la defensa territorial y acceso preferente a los recursos naturales de los pueblos Bakajípare, Huitosachi y Mala Noche, además de Tierra Nativa -que acompaña la defensa de Mogotavo– compartieran experiencias de defensa territorial con los escasos instrumentos jurídicos que proporciona un Estado que sistemáticamente se ha negado al reconocimiento pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas. De esta manera, la lucha por el derecho al territorio no solo hermanó a los pueblos indígenas, sino también a las organizaciones no gubernamentales que les acompañan.

Por otra parte, los pueblos indígenas y las organizaciones participantes en los foros contaron con el apoyo solidario de gobernadores indígenas de otros pueblos originarios de la Sierra Tarahumara. También conocieron otras formas de defensa de territorios indígenas y sus recursos, a través de representantes de Chicomuselo, Chiapas, en el primer foro; de Cherán, Michoacán, en el segundo foro; y de los hermanos wixárikas en la defensa del Sitio Sagrado Wirikuta, en el reciente tercer foro.

La participación solidaria de expertos en derechos indígenas contribuyó a que los representantes de los pueblos conocieran los instrumentos jurídicos con los que cuentan para dar la batalla jurídica a nivel nacional e internacional.

Los tres encuentros generaron aprendizaje para definir estrategias de  defensa conjunta de los territorios ancestrales. Como ejemplo de lo anterior, tenemos la comparecencia que representantes de los pueblos en la lucha por el acceso preferente de los recursos naturales y el reconocimiento de su territorio, hicieron ante la Comisión Interamericana  de  Derechos Humanos el 14 de marzo de 2013. En la audiencia expusieron la problemática que enfrentan ante la falta del reconocimiento a su territorio ancestral y el impacto que sufren frente a los modelos de extracción forestal, entre otros.

Ante dichos planteamientos, el Estado mexicano se limitó a exponer la política pública y su Plan Nacional de Desarrollo, pero sin dar respuesta a los reclamos de los pueblos indígenas.

Al respecto, los integrantes de la Comisión, entre ellos Dinah Shelthon, solicitaron a los representantes del Estado mexicano que hicieran un planteamiento concreto y dieran respuesta a las demandas de los peticionarios. Como respuesta, el Estado  mexicano optó por reservarse ese derecho y hacerlo llegar en su oportunidad a la Comisión.