Servindi, 3 de agosto, 2012.- La orden de detención contra 25 miembros de la comunidad Indio Colalao en la provincia de Tucumán provocó que organizaciones como Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) describieran el hecho como un acto de “criminalización de la lucha indígena”.
En estos momentos numerosas organizaciones se reúnen en el centro de Buenos Aires para iniciar una movilización en respaldo a las comunidades Indio Colorado de Tucumán y Namqom de Formosa, esta última recientemente violentada por efectivos policiales que intentaron desalojarlos.
Tras resistirse a un desalojo, el 25 de julio el fiscal de Instrucción de la 10a Nominación, Guillermo Herrera, ordenó la detención de 25 miembros de la comunidad Indio Colalao, radicada en Base Riarte en la localidad de Trancas, en el límite con la provincia de Salta.
Aquel desalojo se hizo efectivo el 4 de julio cuando unos 200 policías de forma violenta expulsaron de sus territorios -unas 19.600 hectáreas- a los miembros de la comunidad Indio Colalao haciendo efectivo de este modo lo ordenado por el juez Francisco Pisa.
El operativo que tomó por sorpresa a quienes resistían pacíficamente la orden judicial se realizó pese a la vigencia de la ley nacional 26.160, que es de orden público y que prohíbe expresamente los desalojos en territorio indígena.
Hace solo unos días tras nuevos incidentes con la policia el 27 de julio se detuvo a los comuneros Alberto Mercado y Manuel Pastrana, el primero en la misma comunidad y el segundo en San Miguel de Tucumán. Se espera que durante los próximos días se detenga a 23 personas más.
Orden de desalojo se cumple para favorecer industria sojera
La comunidad fue desalojada debido a la disputa que mantienen con dos particulares: Fredy Moreno Núñez Vela, titular de la firma Zanja Honda, y Jorge Posse, titular de Agro Avance, quienes alegaron que las tierras son de su propiedad por lo que consideraron que habían sido usurpadas por la comunidad Indio Colalao.
Tras conocerse la orden de detención, la vocera de la comunidad, Cinthya Ovejero, cuestionó que para ampliar la orden de captura de un número mayor de indígenas -inicialmente eran solo ocho- el fiscal Guillermo Herrera haya argumentado que habían “bastantes sospechas” de que éstos participaron de los hechos denunciados.
Los mismos que se enmarcaron por “tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”.
Para Ovejero “detrás del desalojo y las detenciones están el modelo sojero y los terratenientes. La justicia y el poder político en Tucumán vuelven a actuar en conjunto y con llamativa celeridad resuelven causas y detenciones en una clara criminalización de la protesta”.
Cuestionan orden de detención
Andhes sostuvo que la decisión judicial no especificó cuáles fueron los hechos que se investigan, ni cuales de esas personas estarían siendo imputadas por la participación en los mismos, como así tampoco no se estableció qué tipo de participación se les estaría imputando a cada uno.
Josefina Doz Costa, directora ejecutiva de Andhes, señaló que la actuación de la justicia tucumana “sigue dando muestras de cuán vulnerables pueden ser los principios del debido proceso, cuando se trata de garantizárselos a miembros de los grupos más vulnerables de la sociedad, en este caso indígenas”.
“Sólo ocho, de las 25 personas con orden de detención, habían sido citados para declarar oportunamente, las 17 restantes amanecieron un día con una orden de detención, injustificada”, destacó.
Sobre la cuestionable actuación de la justicia Ovejero lamentó lo caótica de la situación y que ningún organismo del Estado haya hecho contacto con ellos. “Estamos peleando solos desde siempre”, sentenció.
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