Servindi, 12 de febrero, 2012.- Solo en la última semana dos explosiones ocurridas en el Valle del Cauca acabaron con la vida de un indígena menor de edad dejando además seis heridos graves. Ante los hechos autoridades y organizaciones indígenas piden el cese de actuaciones violatorias de los derechos humanos.
El primer incidente ocurrió el domingo 5 de febrero cuando el comunero nasa Eduar Ipia Quitumbo de la comunidad indígena Altamira se encontraba realizando actividades de pesca en los territorios del municipio de Florida, en el Valle del Cauca.
Según la denuncia de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), el hecho se dio cuando Eduar Ipia, menor de edad que se encontraban en una zona de páramo junto a otros indígenas, pisó una mina antipersonal que le amputó los pies y una mano al instante.
Luego de una agonía de cerca de tres horas falleció. Sin embargo, éste no sería la única víctima. La explosión dejó tres heridos graves entre los que se encuentra un hermano, también menor de edad, de Eduar Ipia.
Conocida la noticia la Autoridad Nacional del Gobierno Indígena (ONIC) y su filial regional ORIVAC condenaron el hecho y denunciaron a los “actores armados ilegales, en este caso, que con sus diversas actuaciones muestran su capacidad de crueldad y sevicia que se ensaña contra los civiles, en este caso niños y jóvenes que nada tienen que ver con el desarrollo del conflicto en Colombia.”
En el comunicado la Consejería mayor de la ONIC hace un llamado a todos los actores armados “para que cesen su actuación violatoria de los DDHH y, a que no conviertan más nuestros territorios en campos de guerra que generan saldos trágicos para nuestros pueblos, en especial para nuestros niños que son sujetos del derecho prevalente en el orden nacional e internacional”.
Asimismo pidió a los actores armados que en su actuación no involucren a la población civil e hizo un llamado para que haya una concertación dialogada en búsqueda de la paz.
Los casos más notorios han ocurrido en Nariño, donde comunidades Awá y Pasto han sido víctimas de hechos como ocurridos el domingo. También en Antioquía y en otras regiones como la Orinoquia y la Amazonía se han registrado hechos de este tipo en perjuicio de los Nukak Makú y los Jiw.
El segundo hecho que dejó como saldo tres menores de edad heridos ocurrió el martes 7 de febrero cuando los estudiantes manipulaban un artefacto explosivo en un baño de la Institución Educativa Bachillerato Técnico Agrícola de Jambaló, al norte del Cauca.
Según la Corte Constitucional de este país son 35 los pueblos indígenas que se encuentran en peligro de extinción a causa del conflicto y el desplazamiento.
Por su parte la ORIVAC expresó que su indignación abarca a “quienes teniendo la obligación de eliminar tan terrible y rastrero peligro no ponen todo su empeño en buscar y destruir los campos minados sobre todo si esos territorios son indígenas”.
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