La organización Amnistía Internacional denunció el acoso por parte del Estado ecuatoriano a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas en su último informe preparado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El documento titulado “Derechos de los pueblos indígenas y acoso a manifestantes” fue preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU sobre el Ecuador, que tendrá lugar entre los meses de mayo y junio de 2012.
“Pese a que la nueva Constitución del Ecuador reconoce explícitamente la identidad plurinacional y pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos concernientes a recursos naturales que afecten a su territorio y medios de vida” aún no se han adoptado un mecanismo que garantice su derecho a la consulta previa, refiere el informe.
El documento señala que en los últimos tres años la ausencia de un mecanismo de consulta previo a la promulgación de leyes que afectan a los derechos de los pueblos indígenas ha desencadenado diversas protestas en todo el país.
En dichas manifestaciones se han producido enfrentamientos entre policía y manifestantes.
En tanto, la organización manifestó su preocupación “porque en los últimos años se hayan presentado cargos espurios por delitos comunes contra defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos dirigentes indígenas”.
Esto parece ser, según la organización internacional, “un intento deliberado de poner freno a sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación”.
Acoso a manifestantes
La organización internacional ha documentado casos de dirigentes contra quienes se han formulado cargos por delitos como los de terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, secuestro y asesinato en el contexto de las manifestaciones contra leyes y políticas, en particular las relacionadas con recursos naturales.
Además, AI señaló que la tipificación de los delitos de terrorismo y sabotaje en el Código Penal es muy genérica, lo que permite que las autoridades califiquen de organizaciones terroristas a movimientos legítimos de indígenas y campesinos.
Uno de los casos representativos es el de José Acacho, dirigente de la Federación Interprovincial de los pueblos shuar y vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y el de los líderes indígenas Pedro Mashiant y Fidel Kaniras.
A los tres los detuvieron en febrero de 2011 bajo los cargos de asesinato, sabotaje y terrorismo tras su participación en las protestas que tuvieron lugar en la localidad de Macas, provincia de Morona Santiago, en septiembre de 2009.
Un juez consideró que su detención había sido arbitraria y ordenó su puesta en libertad una semana después, pero los cargos no se han retirado pese a la ausencia de pruebas fundamentadas en su contra.
Los tres deben presentarse ante las autoridades una vez por semana, no pueden salir del país y sus cuentas bancarias han quedado bloqueadas hasta la resolución del caso.
También es motivo de preocupación para Amnistía Internacional el hecho de que el Decreto Presidencial Nº 982 –orden ejecutiva por la que se regula el trabajo de las organizaciones no gubernamentales– pueda aplicarse de forma tal que se planteen obstáculos a la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, a menos que se implementen unas salvaguardias que lo impidan.
http://servindi.org/actualidad/58571#more-58571
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