Ministro se reunirá hoy con el general director de Carabineros, el director de la PDI y sus respectivos jefes de inteligencia.
Lorena Ferraro
Pasadas las 13 horas de ayer llegó hasta La Moneda el Presidente Sebastián Piñera proveniente de Cerro Castillo. En un hecho inusual, el Mandatario había decidido permanecer algunas horas de la mañana en la residencia de Viña del Mar, donde pasó las fiestas de Navidad junto a sus cuatro hijos, sus nietos y la primera dama, Cecilia Morel.
Al llegar a Palacio, Piñera convocó a los ministros Andrés Chadwick (Interior) y Cecilia Pérez (Segegob) a una reunión de comité político en su despacho.
En la cita-almuerzo participaron también los subsecretarios de Hacienda, Julio Dittborn, y de la Segpres, Claudio Alvarado, en reemplazo de los titulares Felipe Larraín y Cristián Larroulet, que se encuentran de vacaciones.
La reunión estuvo marcada -dijeron algunos de los asistentes- por asuntos de seguridad y específicamente por una materia que se ha instalado como centro de la preocupación del gobierno: los hechos de violencia registrados en La Araucanía.
Los últimos atentados incendiarios en la zona -a los fundos Santa Isabel y Temuco- obligaron a La Moneda a dar un giro en su agenda y priorizar la seguridad pública.
En ese contexto, Chadwick sostendrá a las 13.30 de hoy una reunión almuerzo con el general director de Carabineros, Gustavo González (con quien ya estuvo ayer en Palacio), y el director de la Policía de Investigaciones, Marcos Vásquez. A ellos se sumarán el jefe del director de inteligencia de Carabineros, Alejandro Muñoz, y el jefe de Inteligencia Policial de la PDI, Héctor Espinoza.
El relato del viaje realizado a Temuco el lunes por el ministro del Interior ocupó parte importante del comité político de ayer.
En esa oportunidad, el jefe de gabinete se reunió con el fiscal regional (s) Alberto Chifelle y presentó dos querellas por los delitos de incendio y porte ilegal de armas. A ello se sumaron allanamientos en la comunidad autónoma Mateo Ñirripil, eventuales responsables de los ataques incendiarios. La fiscalía regional de La Araucanía se encuentra investigando también la muerte del parcelero de Cañete Osvaldo Zapata.
El viaje de Chadwick había sido mandatado por el propio Presidente, para dar una señal de seguridad en la región.
Expulsiones
En la idea de dar una señal contundente en favor del orden público, altas fuentes de gobierno confirmaron que se investiga el vínculo de personas extranjeras con los atentados incendiarios.
De hecho, la intendencia de La Araucanía está estudiando la situación de dos italianos sorprendidos en manifestaciones pro mapuches y cuya expulsión sería inminente.
Esto, dicen las mismas fuentes, bajo el argumento de su participación en actos no autorizados que “incitan a la violencia”.
Ayer el intendente de La Araucanía, Andrés Molina, dijo que al menos 6 ONG realizarían activismo en la zona. En su viaje del lunes, Chadwick -quien señaló que se está realizando un estudio sobre las exigencias probatorias para perseguir hechos de violencia en La Araucanía- había manifestado: “Sabemos que enfrentamos a un enemigo poderoso, que goza de apoyos políticos comunicacionales e internacionales”.
Si bien los dichos del ministro siguen provocando reacciones -ayer el ex director de Conadi, Domingo Namuncura, calificó como “burdas, violentas y provocativas” sus palabras-, en el Ejecutivo explican que La Moneda pretende fortalecer su discurso contra los grupos violentistas, marcando una diferenciación entre éstos y el resto de la comunidad mapuche.
Es por ello que la idea de la cumbre de hoy con los altos funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones es justamente precisar antecedentes y definir estrategias en busca de los líderes de los ataques perpetrados en la zona.
Golborne visita La Araucanía
“El nivel de violencia que se ha vivido últimamente no es moralmente aceptable por nadie”, dijo ayer el precandidato presidencial Laurence en el marco de una visita a la Región de La Araucanía.
El ex ministro abordó en detalle la situación de violencia que se vive en la zona y también hizo un llamado a empoderar a las policías y repudiar a los violentistas. “Los responsables son los violentistas y a ellos tenemos que aplicarles todo el rigor de la ley”, afirmó.
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– Intendente de La Araucanía revela que seis ONGs realizan activismo en zona mapuche.
Andrés Molina señaló que básicamente entregan apoyo comunicacional y monetario. Situación habría provocado que los magistrados hayan elevado los estándares para sancionar a indígenas.
Intensas repercusiones siguen teniendo las declaraciones del Ministro del Interior, Andrés, Chadwick, quien visitó la Región de la Araucanía tras la seguidilla de atentados incendiarios, y afirmó que en los violentos hechos “hay gente extranjera (…)
No estamos en presencia de guerrilla, sino de terroristas, un pequeño grupo, pero que causa mucho daño y vamos a buscar con todo lo que pueda el gobierno”.
Mientras algunos sectores se mostraron completamente en desacuerdo con el Secretario de Estado (ver recuadros) esta mañana el Intendente de la IX Región, Andrés Molina , detalló a “La Segunda” que existen entre cinco y seis ONGs que están prestando cobertura a las demandas de los pueblos mapuches y que incluso cuentan con verdaderos “productores”: Si aparecen en alguna actividad oficial, es prácticamente seguro que habrá alguna manifestación indígena.
Un caso concreto de esta alianza se pudo observar durante la toma a la intendencia de la IX Región el año pasado.
Detalló la ayuda de los extranjeros se ha traducido en temas tan concretos como el apoyo comunicacional, y “hay mucha claridad que ellos están tras el financiamiento ligados a estos temas”.
“Apelaciones condena y la Suprema anula el juicio”
El intendente incluso consideró que uno de los factores que han jugado en contra de las condenas de los autores de los atentados es que los jueces han subido mucho los estándares de pruebas por la presión internacional.
“Nos encontramos con muchos casos conocidos en los meses anteriores donde (los comuneros mapuche) van a juicio, la Corte de Apelaciones de aquí los condena a 11 años y luego la Corte Suprema anula el juicio. Incluso, sigue un proceso cuando las personas están prófugas, los dejan en libertad en un estado de prófugo”, dijo a radio ADN.
En el mismo sentido, agregó que “estamos frente a una situación donde a la policía se le cortan los brazos permanentemente”, lo que dificulta, por ejemplo, “el poder de entrar y requisar” en las comunidades indígenas.
Por su parte, el senador RN Alberto Espina indicó que “la información que maneja el Ministerio Público apunta a que hay contactos con extranjeros”, en el atentado a la casa de Pío Seco, ocurrido el sábado. Agregó que “estamos frente a un hecho terrorista, que quieren infundir temor en la población y boicotear las políticas públicas del gobierno con las comunidades mapuches”.
Agregó que “casi una certeza” que en los próximos días el gobierno reformulará la querella por delito terrorista.
Ciudadanos expulsados
Actualmente, la intendencia está analizando la situación de dos ciudadanos italianos que fueron sorprendidos en manifestaciones pro mapuches y que podrían ser expulsados en los próximos días. Hace un mes, en Región de Los Ríos, fue expulsada una ciudadana argentina que también había participado en acciones de protesta.
Incluso, fuentes de inteligencia señalaron a este diario que en los últimos años se ha detectado que en las cercanías de la época estival un importante número de argentinos atraviesan la frontera para participar en manifestaciones mapuches.
Desde que recrudecieron los ataques a agricultores y empresas forestales, se ha convertido en una constante preocupación de inteligencia de ambas policías los vínculos y nexos de mapuches radicalizados con activistas extranjeros.
Uno de los elementos más claros ocurrió hace un par de años, cuando un grupo de encapuchados asaltó y quemó un campamento forestal, en el sector de Tirúa.
Según los relatos que entregaron los testigos, la cuadrilla estaba comandada por un hombre alto de acento centroamericano.
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– PDI recibirá este viernes oficio que solicita expulsión de italianas de La Araucanía.
Freddy Palomera
Las dos ciudadanas extranjeras, según reportes policiales, han sido identificadas durante manifestaciones de comunidades indígenas en la zona de Malleco.
Este viernes podría quedar listo el oficio, en que se pide al Departamento de Extranjería de la PDI, que haga efectiva una resolución de expulsión desde tierras chilenas a dos ciudadanas italianas que habrían participado en manifestaciones mapuches.
Así lo confirmó el asesor jurídico de la Intendencia de La Araucanía, Alex Schneider, tras el análisis de la información y los antecedentes que se remitieran desde la Gobernación de Malleco al equipo de abogados del gobierno regional.
“La Gobernación de Malleco recibió una denuncia de parte de Carabineros la cual es remitida a esta Intendencia para que se apliquen las sanciones de la ley de extranjería”, dijo Schneider.
Las italianas, según reportes policiales, han sido identificadas durante manifestaciones de comunidades indígenas en la zona de Malleco, considerando que está estrictamente prohibido a cualquier foráneo involucrarse en movimientos sociales internos.
Schneider dijo que luego de evaluar los antecedentes “se dicta una resolución y en caso de expulsión se oficia a Policía Internacional y ésta la ejecuta con todas las facultades legales”, ya que según conoce el abogado “hay participación de estas personas en distintos tipos de actividades que dan cuenta de cierta adherencia al movimiento (mapuche)”.
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– La Araucanía: ¿Quién es el responsable de la seguridad?
Edgardo Lovera
No podemos soportar ni menos avalar que bajo cualquier slogan, mueran mas ciudadanos como los chilenos Lemun, Catrileo, Mendoza y Albornoz; ni menos aceptar que traten a nuestro hogar como una zona roja.
Me preocupa los actos de violencia que sufre la región a manos de delincuentes, que se aprovechan de las legitimas reivindicaciones del pueblo mapuche para ocultar sus verdaderos intereses. Pero, la Región de la Araucania, no es la zona mas insegura de Chile, y esta por lejos de los índices de criminalidad de delitos violentos de zonas urbanas de Santiago, por ejemplo.
La Región es un lugar privilegiado para vivir y seguro para invertir. Sus desafios mas importantes no estan en la persecución de delitos, sino en la lucha incansable contra la pobreza de todos sus habitantes, sean de cualquier origen etnico.
Sin embargo, para las familias que han sufrido la destrucción de sus hogares, la represión o la violencia domiciliaria, ningun análisis político o muestra de solidaridad sirve para recomponer su tranquilidad.
Pero, ¿Quién es el responsable de la seguridad en la zona?.
No lo son instituciones como Carabineros o Policía de Investigaciones quienes actuan bajo instrucciones; ni el Poder Judicial que debe enmarcarse en la legislación penal y procesal creada por el poder legislativo.
Si tiene un grado de responsabilidad el Ministerio Público, encargado de la persecución del delito, pero el cercimiento de su dotación y recursos dependen de las negociaciones entre el poder ejecutivo y legislativo; y muchas veces de la idonedad de sus autoridades superiores.
En el Marco constitucional y jurídico Chileno, sólo hay un responsable institucional de la seguridad al interior del país, y es el Ministerio del interior y Seguridad Publica. Y es ahi donde falta un mea culpa, y asumir con la fuerza que sea necesaria la obligación de proteger a los ciudadanos.
No nos basta visitas inspectivas, discursos rimbombantes o planes de desarrollo cargados de marketing y autocomplacencia. Necesitamos un ataque coordinado a los problemas que originan la desigualdad en la región y ello implica una política millonaria a la inversión pública y a la generacion de empleo.
Si somos una zona extremadamente pobre, se nos debe otorgar un estatus similar a las zonas extremasgeograficas del pais. Un regimen tributario especial, un impulso para la creacion de empleo, un fortalecimiento y la creacion de un fondo económico especial para potenciar las iniciativas empresariales locales.
No requerimos políticas del Far West para combatir los últimos actos de violencia rural, necesitamos políticas de estado concretas.
La responsabilidad de la seguridad en la Región es de los responsables institucionales. No de los delincuentes que pagarán con cárcel y con el repudio de los ciudadanos sus cobardes acciones; ni menos es responsabilidad de los que hoy luchan por sus reindicaciones historicas, como el pueblo mapuche.
No podemos soportar ni menos avalar que bajo cualquier slogan, mueran mas ciudadanos como los chilenos Lemun, Catrileo, Mendoza y Albornoz; ni menos aceptar que traten a nuestro hogar como una zona roja.
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– Denuncias sobre amenazas e insultos racistas tensionan conflicto en Araucanía.
Javier Candia
Mediante un comunicado público, la Comunidad José Guiñon denunció la aparición de rayados con insultos racistas y amenazas de muerte en la casa patronal del fundo Chekenko, demandado por la comunidad como propio.
Los comuneros apuntan a que estos hechos evidencian las amenazas dirigidas a Mijael Carbone y Daniel Melinao, ambos jóvenes mapuche procesados por su participación en la recuperación de terrenos que consideran “territorio ancestral”.
La comunidad señala además que están estudiando algún tipo de acción por este hecho, y lamentaron que las consignas plasmadas en la casona las hayan descubierto los niños, situación que siembra más preocupación.
Cabe recordar que agricultores de la región amenazaron públicamente con tomar la justicia por sus manos, si es que el gobierno, en 24 horas, no tomaba decisiones drásticas, añadiendo que iniciarían la “cacería” de aquellos que consideran culpables de la inestabilidad que viven.
En los últimos días, luego de producirse una serie de actos de violencia en la zona, el Ministro del Interior se trasladó a la Región de la Araucanía para interponer querellas y amenazar con la aplicación de la Ley Antiterrorista a quienes resulten responsables, así mismo la autoridad denunció la existencia de redes de apoyo comunicacional que, en su concepto, entorpecerían la labor policial del Estado.
Este miércoles esas palabras fueron respaldadas por el Intendente Andrés Molina, quien defendió la criticada actuación de Carabineros.
“Hemos visto una escalada de acciones para inhibir el trabajo de Carabineros, y auxiliares del Ministerio Público, que reciben órdenes de los jueces para hacer registros. Y permanentemente reciben recursos, entonces vemos que a la policía se le cortan los brazos permanentemente”, indicó la autoridad regional.
Para el diputado de Renovación Nacional, Cristian Monckeberg, el problema de la relación del Estado con este pueblo originario no se resuelve solo con anuncios y llamó al dialogo.
El parlamentario indicó que “la violencia no se acaba con anuncios o visitas, pero son señales importantes de una planificación a largo plazo. No sólo significa más carabineros, sino de todos puntos de vista. El Gobierno será firme y no va a permitir estos excesos y tiene que querellarse, pero esto no se acaba con eso. No podemos venderle la pomada a la gente diciendo que esto se arregla de un día para otro con una visita del ministro del Interior.
En la arista judicial del conflicto, la defensa de los mapuches acusados por el atentado que el 2009 afectó al fundo Brasil de Vilcún, presentó una apelación a la Corte en Temuco, luego del rechazo de un juez de Garantía de inhabilitarse en la preparación del juicio oral, al desestimar que el abogado que ahora representa a la Intendencia como querellante siga en la causa.
La abogada Karina Riquelme, explicó que el juez Nicolás Martínez-Conde, rechazó las cautelas de Garantía que invocó la defensa, desestimando la intervención como querellante del abogado Alex Schneider quien en el transcurso de la causa intervino como defensor.
“Se trata del abogado que fue defensor público en 2009-2010 y luego asume como querellante desde Intendencia. Esto es vulneratorio de garantías fundamentales, por lo cual la prueba en que tenga intervención este abogado debería ser excluida”, sostuvo.
La apelación busca que la Corte local se pronuncie respecto a lo resuelto por el juez de Garantía, quien manifestó que lo alegado por la defensa está en el ámbito de la ética profesional, rechazando el incidente promovido y que además obligó nuevamente a suspender la ya dilatada audiencia de preparación del juicio oral, pese a que han transcurrido más de 3 años del atentado.
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– Diputados y organizaciones fustigan dichos de Chadwick por ataques en la Araucanía.
Narayán Vila
Autoridades del pueblo mapuche y del Poder Legislativo llamaron al Gobierno a “enmendar el rumbo” y solucionar las demandas sociales de las comunidades, “en vez de viajar a la zona sólo a interponer demandas y querellas”. Desde la comisión de Derechos Humanos de la Cámara calificaron los dichos del ministro como “imprudentes” y desde organizaciones llamaron a poner atención en “otros intereses” que no se relacionan con la causa mapuche.
Luego de los ataques incendiarios que se registraron este domingo en los fundos Santa Isabel y Padre Las Casas, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, viajó a la Región de La Araucanía, para interponer dos querellas contra quienes resulten responsables.
Allí, respondió, además, a un grupo de agricultores, que amenazó con iniciar “una cacería” si no se detenía a los culpables.
El jefe de Gabinete solicitó la colaboración de los empresarios agrícolas y confiar en la labor de las policías y tribunales de justicia, organismos que ya dejaron en prisión preventiva a Eliseo Ñirripil Cayupán, por tenencia ilegal de arma de fuego.
“Les pido que confíen en la acción que llevamos a cabo, algo de mucho tiempo. Enfrentamos a un adversario preparado, que se aprovecha de las circunstancias de la zona, que actúa encapuchado, y se hace difícil prevenir esas acciones”, declaró el ministro, quien agregó que “sabemos que enfrentamos un enemigo poderoso, que goza de apoyo político, comunicacional e internacional”.
Chadwick añadió que al Ejecutivo “no le va a temblar la mano”, en referencia a la posibilidad de invocar la Ley Antiterrorista.
Declaraciones calificadas como “imprudentes” por el diputado de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, quien manifestó que antes de las querellas, “hay que propiciar el diálogo y atender las demandas del pueblo mapuche”.
El parlamentario agregó que la teoría internacionalista del ministro Chadwick, ha sido desmentida por las propias autoridades de las policías, y destacó que “eso ha sido descartado por organismos chilenos. Hemos estado en la comisión de Derechos Humanos con el general director de Carabineros, quien siempre ha dicho que no hay ni un rasgo de elementos externos en las comunidades mapuches”.
Fernando Lira, presidente de la Agrupación para la Libertad y Defensa de los Derechos Humanos, valoró la presentación de querellabajo la figura de “quienes resulten responsables”, ya que, a su juicio, “hay otros grupos, con otros intereses, los que comenten los atentados”.
“No olvidemos que en Araucanía el conflicto tiene que ver con el precio de las tierras, y las negociaciones que la Conadi hace con los latifundistas, quienes se ven beneficiados con precios más altos por los terrenos. Esto es algo que no ha sido investigado cabalmente”, apuntó.
Lira añadió que “el mundo mapuche ha dicho que está fuera de estas acciones”, en referencia a los ataques incendiarios, y que las tomas de terrenos exigen solución a demandas históricas, como “propiedad de la tierra, reconocimiento como pueblo nación y el respeto del Convenio 169, que se viola permanentemente”, añadió.
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Compartilhada por Abya Yala Internacional.
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