Servindi, 2 de agosto, 2012.- La organización Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la forma en la que se lleva a cabo la consulta sobre la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por no contar con todos los resguardos para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos.
La organización humanitaria Amnistía Internacional recordó que es un deber del Estado asegurar que el proceso de consulta se realice de buena fe, de manera transparente, conforme a los usos y costumbres de las comunidades afectadas y por medio de sus instituciones representativas.
AI expresó que no toma posición particular sobre la construcción o no de la carretera por el TIPNIS pero observa que conforme a los estándares internacionales el Estado está obligado a respetar el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas a fin de lograr su consentimiento previo, libre e informado antes de aplicar o adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles.
Preocupa a AI la falta de una concertación previa y conjunta entre el Estado y los pueblos indígenas originarios antes del proceso de consulta iniciado el 29 de julio.
Incluso, recordó, que la dirigencia de la Subcentral TIPNIS presentó el 25 de julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional solicitando, entre otras cosas, la suspensión del proceso de consulta y el cumplimiento de la citada sentencia.
La Subcentral del TIPNIS agrupa a varias comunidades indígenas y tiene la titularidad del territorio. Esto evidencia la falta de concertación entre todas las partes.
Un proceso de consulta tiene como premisa central la participación y concertación previa y conjunta entre el Estado y las comunidades indígenas según lo remarcó una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de junio pasado, recordó AI.
La falta de concertación, el rechazo de algunas comunidades al proceso de consulta y la permanencia de personal policial y militar en el TIPNIS pueden ocasionar un conflicto por lo que AI pidió actuar con precaución y que cualquier intervención se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad y solo deben utilizar la fuerza como último recurso.
Protocolo direccionado
El “Protocolo para la Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS” elaborado por las autoridades establece como finalidad de la consulta “[D]efinir si el [TIPNIS] debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.”
Conforme a información recibida por la organización, la consulta a las comunidades estaría vinculando su propio desarrollo – incluyendo áreas de salud, educación y de recursos naturales para su subsistencia – a la construcción de la carretera.
Amnistía Internacional insta a las autoridades a proveer información transparente y completa sobre todos los efectos, positivos y negativos, que esta carretera podría traer.
Asimismo, reitera su llamado a que la protección y realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como la educación y la salud, son una obligación del Estado independientemente de la construcción o no de una carretera.
También preocupa a AI el plazo de menos de un mes para el calendario de consulta a realizarse entre el 29 de julio y el 25 de agosto de 2012, “cuando no ha habido siquiera un acuerdo de cómo llevar adelante la consulta”.
Establecer plazos perentorios pone en riesgo que el proceso de consulta permita compartir información suficiente y que las comunidades logren consensos. Además, el proceso de consulta “no debe ser entendido como un mero referéndum ni una aplicación de reglas de mayorías” sino que debe buscarse el consenso de las comunidades.
Finalmente, Amnistía Internacional llamó a investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza policial y gases lacrimógenos durante el desalojo de varios indígenas de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz el domingo pasado y que terminaron con varios heridos y al menos siete personas detenidas.
La CIDOB -organización que aglutina a los pueblos indígenas de tierras bajas- está dividida entre partidarios del dirigente Adolfo Chávez – que activamente se ha manifestado en contra de la carretera por medio del TIPNIS- y sectores afines a una nueva dirigencia.
El conflicto dentro del movimiento indígena refleja la contraposición de visiones que ha producido el asunto del TIPNIS y, conforme a la información recibida por AI, la interferencia de las autoridades en las estructuras tradicionales indígenas.
Si bien AI toma nota de que el Estado de Bolivia ha hecho grandes esfuerzos por terminar con la exclusión social y discriminación de los pueblos indígenas en los últimos años, recuerda al Estado que para que este derecho sea plenamente respetado y protegido, es crucial que el proceso cuente con el acuerdo de los distintos actores afectados y se realice en un clima de confianza.
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